Las municipalidades del departamento de Huánuco no cuentan con el Plan de Gestión Reactiva para afrontar situaciones de emergencia o desastres naturales, según la principal conclusión de una evaluación efectuada por la Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social de la Contraloría General de la República.
En la publicación de los primeros resultados de este control realizado a 12 gobiernos locales de la región, se advierte que la omisión de este instrumento normativo pone en severo riesgo la implementación oportuna y efectiva de las acciones de preparación (antes), respuesta (durante) y rehabilitación (después) frente a cualquier evento adverso que pudiese registrarse en el territorio.
Entre las entidades supervisadas a las cuales se les requirió el Plan de Gestión Reactiva y que no lo registran publicado ni en la plataforma Gob.pe ni en sus respectivos portales institucionales figuran tres municipalidades provinciales: Pachitea, Lauricocha y Marañón; así como nueve distritales: Huácar, Margos, Miraflores, Punchao, San Francisco de Cayrán, Chaglla, Chacabamba, Codo del Pozuzo y San Miguel de Cauri.
Con esta omisión, las gestiones edilicias incumplen las obligaciones normativas dispuestas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), el cual exige a los gobiernos locales identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y articular actividades, metas e inversiones destinadas a salvaguardar la vida de la población, sus medios de vida y la infraestructura pública.
De acuerdo con los lineamientos técnicos del Sinagerd, el Plan de Gestión Reactiva debe contener un diagnóstico integral y la identificación de escenarios de riesgo considerando variables demográficas, geográficas y socioeconómicas de cada jurisdicción.
Asimismo, debe precisar los peligros con mayor incidencia en la zona —como lluvias intensas, huaycos, heladas y sequías—, evaluar la probabilidad de impacto en las viviendas e infraestructura, y determinar la capacidad real de reacción de la municipalidad en función de sus recursos humanos, disponibilidad presupuestal y el abastecimiento de sus almacenes de bienes de ayuda humanitaria.
