La reciente intervención de la Fiscalía Anticorrupción a las sedes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) y del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) responde a la existencia de indicios razonables sobre presuntas irregularidades en el proceso de adquisición del pool de maquinarias destinado a las 11 provincias del departamento, mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Así sostuvo Olchese Tarazona Gonzáles, consejero regional por la provincia de Huánuco.
El fiscalizador regional —quien es abogado penalista y exfiscal provincial— explicó que el incautamiento y decomiso de toda la documentación clave vinculada al proceso demuestra que el Ministerio Público maneja sospechas fundadas.
Asimismo, precisó que, por la naturaleza de las diligencias ejecutadas, la investigación fiscal se centra actualmente en la fase administrativa y contractual de la compra, mas no en la calidad del equipamiento, toda vez que no se ha dispuesto la inmovilización ni incautación de los vehículos pesados.
Tarazona advirtió que la apertura de esta pesquisa podría generar demoras significativas en la recepción oficial y la posterior distribución del equipamiento hacia los gobiernos provinciales, un megaproyecto presupuestado inicialmente en 165 millones de soles.
Respecto a los incidentes reportados durante la diligencia del pasado viernes 9 de octubre, donde presuntamente se intentó confundir a las autoridades para dilatar la entrega de la documentación requerida, el consejero calificó este hecho como un acto de conducta obstruccionista.
Remarcó que, de confirmarse las irregularidades, este tipo de maniobras serán determinantes al momento en que el Ministerio Público evalúe solicitar medidas cautelares o restrictivas contra los eventuales implicados.
Finalmente, el consejero regional estimó que el plazo inicial de investigación preliminar, fijado normativamente en 120 días, inevitablemente se prolongará hasta ocho meses o más dada la complejidad del caso. Para el esclarecimiento de las responsabilidades, enfatizó que la Fiscalía requerirá de manera indispensable la participación de peritos contables e ingenieros especialistas en contrataciones y la Ley de Obras por Impuestos.
