En el marco de la jornada de sensibilización denominada «Acciones para prevenir la corrupción en el Gobierno Regional y Gobiernos Locales», organizada por la Comisión Regional Anticorrupción de Huánuco (CRAH), solo cuatro de los diez candidatos al Gobierno Regional de Huánuco suscribieron un Acta de Compromiso para promover la transparencia, la integridad pública y la rendición de cuentas en la administración regional.
Este espacio de diálogo y reflexión buscó comprometer a los aspirantes a la gobernación a implementar medidas preventivas y de control en el ejercicio de sus eventuales gestiones, a través de un acuerdo de ocho puntos enfocado en la ética pública y la protección a denunciantes para el período regional.
El documento suscrito por los postulantes establece un conjunto de acciones estratégicas divididas en ocho ejes principales orientados a la gestión pública, entre los cuales destacan el fortalecimiento de la integridad institucional mediante la implementación del Modelo de Integridad, la garantía del libre acceso a la información con rendición periódica de cuentas sobre decisiones y presupuestos, así como la gestión oportuna de los riesgos de corrupción en los procesos regionales.
Asimismo, el acuerdo abarca el funcionamiento adecuado de los canales de denuncia con medidas de protección para denunciantes y testigos, el fomento de una cultura de conducta íntegra entre los servidores públicos, la promoción de espacios de participación ciudadana y vigilancia social, el ejercicio de una gestión imparcial libre de interferencias de intereses particulares, y la articulación fluida con la CRAH y otras entidades competentes para elevar la eficiencia estatal.
Solo participaron la candidata a vicegobernadora de Ahora Nación, Marisela Ricalde Reyes; y los aspirantes a gobernador: Miguel Meza Malpartida, de Alianza para el Progreso; Fortunato Ramos Lavado, de Libertad Popular; y Rosendo Serna Román, del Movimiento Político Unidos por el Desarrollo de Huánuco.
En su declaración, los candidatos postulantes recalcaron que la suscripción del documento representa una manifestación pública de voluntad y compromiso con los principios de servicio al ciudadano, la cual se asume sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades exigidas por el ordenamiento legal vigente.
