La Contraloría General de la República (CGR) evidenció la falta de intervención de gobiernos locales de la región para reducir los riesgos asociados a una posible temporada de lluvias vinculada al Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027. Durante el operativo de control “Descolmatación y limpieza de ríos y quebradas”, verificó que diversas municipalidades no habían ejecutado acciones para proteger a la población, viviendas, carreteras, áreas agrícolas y otras infraestructuras ubicadas en puntos críticos.
El operativo se desarrolló del 3 al 9 de julio de este año y comprendió la intervención de 45 gobiernos locales de las provincias de Huánuco, Lauricocha, Dos de Mayo, Marañón, Puerto Inca, Leoncio Prado, Ambo, Huamalíes y Pachitea. Como resultado, la Contraloría emitió informes en los que identificó 30 situaciones adversas relacionadas con la falta de acciones para evaluar, planificar y coordinar la atención de los puntos críticos ante una posible temporada de lluvias asociada al FEN 2026-2027.
Los puntos críticos fueron identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) durante el periodo 2025-2026 mediante la elaboración de Fichas Técnicas Referenciales (FTR), documentos que posteriormente fueron comunicados a las municipalidades para que evalúen y ejecuten las intervenciones correspondientes.
Las FTR contienen información sobre la ubicación y caracterización del tramo crítico, nivel de peligro, elementos expuestos, propuesta técnica, esquema de diseño y presupuesto estimado de las acciones necesarias para reducir el riesgo.
Sin embargo, la Contraloría verificó que, de las 113 FTR recibidas por las municipalidades de la región, en 87 no se evidenciaron acciones destinadas a atender los puntos críticos identificados por la ANA. Asimismo, de 92 fichas recibidas, no se acreditó la gestión de financiamiento necesaria para iniciar las intervenciones. En consecuencia, tampoco se evidenció la convocatoria de procesos de selección ni el inicio de la ejecución de las obras o actividades propuestas.
Entre las municipalidades provinciales que concentran una mayor cantidad de puntos críticos sin intervención, pese a haber recibido las FTR de la ANA, se encuentran las comunas de Marañón, Huamalíes, Puerto Inca, Lauricocha y Ambo. También las distritales de Chavín de Pariarca, Jircán, Tantamayo, Huácar, San Rafael, Molino y José Crespo y Castillo.
Para la Contraloría, esta situación dificulta la atención oportuna de los puntos críticos y mantiene expuesta a la población ante eventuales inundaciones, desbordes de ríos y quebradas y procesos erosivos.
Los resultados evidencian que las FTR elaboradas por la ANA no se tradujeron oportunamente en intervenciones concretas para reducir los riesgos identificados. De acuerdo con la información contenida en estas fichas, más de 50 000 habitantes de la región estarían expuestos a posibles emergencias, junto con 10 757 viviendas, 91 instituciones educativas, 26 establecimientos de salud y 47 kilómetros de carreteras, además de otras infraestructuras públicas y áreas de cultivo.
Los resultados de los servicios de control fueron comunicados a los titulares de las municipalidades intervenidas. Estos resultados fueron consolidados en el Informe n.° 10671-2026-CG/AGR-SOP. Ante estos hechos, la Contraloría recomendó a las entidades públicas a tomar las acciones correctivas en maco de competencias a fin de asegurar la implementación de medidas de prevención.
