El Congreso de la República ha oficializado la Ley 32735, una norma dictada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que introduce cambios profundos en el Código Penal Militar Policial y el Código Procesal Penal.
La ley busca dos objetivos principales: por un lado, sancionar con máxima severidad a los policías y militares que colaboren con bandas criminales; por el otro, otorgar prioridad a la justicia militar sobre la justicia ordinaria (Poder Judicial) cuando las fuerzas del orden sean investigadas por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones o durante estados de emergencia.
A continuación, explicamos de forma sencilla los puntos clave de esta norma, sus consecuencias políticas y el impacto directo que tendrá en la ciudadanía.
Radiografía de los cambios clave en la Ley 32735
| Aspecto | ¿Qué decía la norma anterior / situación previa? | ¿Qué establece la nueva Ley 32735? |
| Pertenecer o colaborar con mafias | Se procesaba bajo causales generales del Código Penal o faltas graves. | Pena de 20 a 30 años de cárcel por dar armas o colaborar con bandas. Cadena perpetua si esa colaboración termina en la muerte de una persona. |
| Delito de función | Se interpretaba de forma más restringida según cada caso. | Se define como delito de función toda conducta realizada durante estados de emergencia, control del orden interno, patrullaje o investigación. |
| Doble juzgamiento y fuero competente | Un efectivo podía ser investigado en paralelo por la justicia común y la militar. | Prohibido el doble juzgamiento. La Corte Suprema está obligada a darle prioridad al Fuero Militar Policial. |
| Procesos en trámite en la justicia común | Los juicios a policías o militares continuaban en el Poder Judicial. | Se archivarán definitivamente los procesos penales ordinarios que no tengan sentencia firme si existe un proceso militar abierto por los mismos hechos. |
¿Cuáles son las consecuencias políticas y judiciales?
1. Endurecimiento drástico contra las «manzanas podridas»
La norma envía un mensaje directo contra la corrupción interna en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Elevar las penas a un rango de 20 a 30 años (y hasta cadena perpetua) para quienes vendan material bélico, filtren información de inteligencia o colaboren con la delincuencia organizada busca frenar la infiltración de las mafias en las instituciones de seguridad.
2. Blindaje a las intervenciones en estados de emergencia
A nivel político, la ley fortalece el respaldo legal a policías y militares que patrullan las calles durante estados de emergencia. Al clasificar un espectro más amplio de acciones como «delitos de función», las autoridades buscan que el personal militar o policial no enfrente temores de persecución judicial en fueros civiles tras un operativo.
3. Traspaso de competencias hacia la justicia militar
La consecuencia institucional más importante es el desplazamiento del Poder Judicial. Ante un conflicto de competencia entre un juez civil y un juez militar sobre quién debe juzgar a un efectivo, la Ley 32735 ordena a la Corte Suprema decidir siempre a favor del fuero militar policial, archivando las investigaciones que la fiscalía común tenga en marcha sin sentencia firme.
¿Cómo afectará esto a la población y qué cambios generará?
Para las víctimas de violencia o abuso de autoridad: Si un ciudadano considera que sufrió un abuso de fuerza, detención arbitraria o agresión por parte de un policía o militar durante un estado de emergencia, su caso ya no será juzgado en la justicia ordinaria por jueces civiles. La investigación se derivará al fuero militar, lo que para diversos analistas jurídicos podría dificultar el acceso imparcial a la justicia para los civiles.
Anulación de indemnizaciones y reparaciones civiles: Para las familias o personas que tenían juicios en curso contra efectivos en la justicia común (sin una sentencia definitiva en última instancia), los procesos se cerrarán. La ley establece explícitamente que se anularán las medidas de prisión preventiva, los antecedentes generados y se dejará sin efecto el pago de reparaciones civiles que se hayan fijado en decisiones no firmes.
Mayor firmeza en operativos antidrogas y contra el crimen: En el día a día, las patrullas policiales y militares contarán con un marco de protección penal militar más amplio para actuar en zonas de alta criminalidad o bajo estado de sitio, al saber que sus acciones operativas serán evaluadas por los tribunales de su propia institución.
Fuente: Diario Oficial El Peruano
