La provincia de Puerto Inca enfrenta un escenario crítico debido al avance descontrolado de delitos ambientales. El alcalde provincial, Carlos Cruzado Navarro, denunció públicamente que las entidades del Estado peruano encargadas de la fiscalización no están mostrando acciones efectivas para frenar la deforestación masiva y el avance de la minería ilegal que destruye el ecosistema local.
La autoridad edil precisó que su despacho ha remitido múltiples informes detallados y alertas documentadas a la Marina de Guerra del Perú (con sede en Pucallpa), al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM). No obstante, lamentó que, pese a ser competencias exclusivas de estas instituciones, las respuestas sigan siendo insuficientes. Asimismo, Cruzado mostró evidente hermetismo y preocupación al ser consultado en la ciudad de Huánuco, señalando que prefiere no ventilar estos temas fuera de su jurisdicción por razones de seguridad.
Respecto al violento ataque perpetrado por mineros ilegales en la comunidad nativa de Paujil (distrito de Yuyapichis), donde se reportó el incendio provocado de ocho viviendas de comuneros que defienden sus bosques, el alcalde se mostró cauto.
«La investigación de estos graves hechos, cometidos por bandas delincuenciales, ya está en manos de las fuerzas del orden. Confiamos en que, en su momento, los responsables serán plenamente identificados y procesados ante la justicia», manifestó Cruzado.
La problemática de Puerto Inca no se limita al ámbito ambiental; los servicios básicos y las vías de comunicación también se encuentran en completo abandono, según detalló la autoridad provincial:
El sistema de agua y alcantarillado de la capital provincial sigue siendo una promesa rota. El alcalde recordó que la primera obra, ejecutada durante la gestión del exgobernador Luis Picón, jamás entró en funcionamiento. Posteriormente, un segundo proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) también quedó inconcluso y abandonado. Al respecto, Cruzado señaló que toda la documentación y la responsabilidad técnica están trabadas en el MVCS, entidad que hasta la fecha no ofrece una solución para la población.
Finalmente, la autoridad edil informó sobre la crítica situación del acceso vial Puerto Sungaro – Puerto Inca, un tramo estratégico de 10 kilómetros de extensión. Aunque el mantenimiento y conservación de esta ruta es competencia directa de Provías Nacional, el pésimo estado de la carretera obligó a la Municipalidad Provincial a intervenir de emergencia con recursos propios para realizar trabajos de bacheo y garantizar la transitabilidad de los transportistas y agricultores de la zona.
