El 25 de junio del presente año mediante resolución número 2, la juez María Del Carmen Lauya Méndez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, resolvió correr traslado el requerimiento de prueba anticipada formulada por la defensa técnica de Víctor Humberto Morales Chocano, quien desde octubre del 2024 está prófugo de la justicia.
El requerimiento fue presentado el 29 de diciembre del 2025 por la defensa técnica de Morales Chocano, investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
La actuación de la prueba anticipada consiste en el examen de las peritos psicólogas María Lamas Calderón y Liz Martínez Santana, quienes suscribieron los informes periciales practicados a los investigados Jean Kevin Sumarán Lino y Julio César Lorenzo Obregón, considerados en el proceso como cabecilla e intermediario de la organización criminal «Los mochaobras de Molino».
Las evaluaciones psicológicas para ambos investigados (Kevin y Julio) fueron ordenadas mediante providencia fiscal n° 159 del 30 de enero del 2025 con la finalidad de establecer la idoneidad psíquica de los declarantes para rendir su testimonio sobre cómo habría operado la presunta organización criminal que habría operado desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.
«El examen de las peritos psicólogas reviste trascendental importancia para la decisión judicial futura, por cuánto los informes que ambas profesionales elaboraron constituyen medios de prueba especializados que permiten sustentar o desvirtuar uno de los elementos más sensibles del proceso», dice parte del requerimiento presentado por la defensa técnica.
Asimismo, explica que cada día que transcurre con una prisión preventiva basada en una declaración sospechosa de falsedad intensifica la afectación, por tanto, no es razonable ni proporcional esperar hasta la etapa del juicio para actuar está prueba pericial.
«La intención de la abogada del esposo de la congresista Elizabeth Medina Hermosilla es invalidar la pericia psicológica practicada con las formalidades de ley, y así evitar la investigación que realiza la fiscalía especializada», dijo una fuente de Tu diario.
Cómo es de conocimiento público, la investigación a Víctor Morales inició tras la declaración del entonces testigo protegido (Jean Kevin Sumarán), quien brindó detalles de como a través de la intervención del esposo de la parlamentaria Elizabeth Medina logró la aprobación y ejecución del proyecto de pistas y veredas en Molino por más de siete millones de soles.
Ya en la investigación, Julio Lorenzo Obregón también fue sometido al protocolo de pericia psicológica y al narrar los hechos dijo que mientras trabajaba como registrador civil en la municipalidad de Amarilis, Morales Chocano le habría llamado para conseguir contactos y así trabajar sacando obras, y es dónde le habría hablado del alcalde de Molino a cuya esposa que es profesora dijo, conocerla.
Confirmó que los empresarios entre ellos William Salazar Borja llevaron a su casa 136 mil soles para que él (Julio Lorenzo Obregón) entregué a Víctor Morales Chocano como parte de un acuerdo entre ellos. Informó que por haber apoyado en la campaña de la parlamentaria trabajó en el programa País, pero al verse involucrado en el caso dijo estar arrepentido.
Indicó que tras recibir la notificación fiscal, donde estaba incluido como investigado buscó al esposo de la congresista, pero no lo encontró en su casa, y a los tres días Víctor Morales lo buscó en su centro de trabajo para decirle que no diga nada hasta ponerse de acuerdo con su abogado, pero por recomendación de un amigo que es abogado ya no lo buscó más.
SALA PENAL. Mediante resolución n° 15 emitida el 16 de abril del 2025, los jueces superiores Condori Fernández, Carcausto Calla y Javiel Valverde confirmaron la resolución n° 9 del siete de enero del 2025 en el extremo que declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra el investigado Víctor Morales Chocano, por el presunto delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado. Asimismo, revocaron en cuanto al plazo de 36 meses y reformándolo impusieron 18 meses de prisión preventiva.
Por el caso de «Los mochaobras de Molino», son investigados más de diez personas que a la fecha cumplen comparecencia con restricciones y sólo Víctor Morales esta prrófugo.
