Un hecho de gravedad sacude a la Municipalidad Distrital de Amarilis. El Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad reveló que funcionarios y servidores de dicha comuna designaron y contrataron de forma sistemática e ilegal al contador Adolfo Espinoza Victorio, generando un perjuicio económico total de S/ 153 889.76. Las graves irregularidades quedaron al descubierto en el Informe de Control Específico N° 008-2026-2-2694, publicado recientemente por la Contraloría General de la República.
Según el documento, Espinoza Victorio se mantuvo en el cargo de gerente de Administración y Finanzas a inicios de 2023, a pesar de tener un impedimento legal insalvable: una sentencia condenatoria en primera instancia emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Áncash (y ratificada en mención por el Juzgado Unipersonal de Huamalíes).
“El gerente municipal, a pesar de estar dentro de sus funciones solicitar el cese en el cargo de gerentes, permitió que el señor Adolfo Espinoza Victorio, continuara en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas, desde el 25 de enero al 6 de marzo de 2023, aun cuando tomó conocimiento que aquel fue condenado en primera instancia por el Juzgado Unipersonal de Huamalíes, lo cual le impedía continuar en el cargo; sin embargo dado a su decisión de no efectuar ninguna gestión al respecto, permitió que se le pago por un mes más el monto de S/5 889.76”, dice textualmente parte de las conclusiones del informe de control.
El exfuncionario firmó declaraciones falsas asegurando no tener restricciones, logrando cobrar los S/ 5,889.76 adicionales con la total complacencia de la Gerencia Municipal.
El esquema de favorecimiento se agudizó tras el cese de Espinoza como gerente. Por ley, estaba impedido de contratar con la municipalidad durante los 12 meses posteriores a su salida; sin embargo, las áreas de Abastecimiento, Planeamiento y la Gerencia Municipal tramitaron hasta 7 órdenes de servicio a su favor como locador de servicios.
Para asegurar los contratos en los periodos de 2023, 2024 y agosto de 2025, los servidores ediles «fabricaron» cotizaciones falsas utilizando nombres de supuestos proveedores a quienes les asignaron montos más altos para que Espinoza ganara los procesos. Durante la auditoría, los falsos postores declararon ante la Contraloría que no reconocían las firmas ni los documentos presentados en esos expedientes. Además, la entidad incurrió en fraccionamiento ilegal para eludir la Ley de Contrataciones del Estado, acumulando inicialmente S/ 50,000 en pagos indebidos.
“Del mismo modo el Gerente Municipal, solicitó en su calidad de área usuaria la contratación de una persona natural para realizar el servicio especializado en gestión de procesos administrativos, la misma que recayó en la misma persona de Adolfo Espinoza Victorio; y no cuestionó ni observó esta contratación dado a que dicha persona se encontraba impedida de contratar con la entidad durante 12 meses posterior a su cese como Gerente de Administración y Finanzas en la misma entidad, situación que era de su conocimiento; favoreciéndolo así, con la emisión de hasta 7 órdenes de servicio y su pago de S/65 000,00”, señala el documentos sobre el particular.
El informe auditor determinó que, entre febrero de 2024 y agosto de 2025, el Gerente Municipal otorgó conformidades por servicios especializados en gestión que nunca se realizaron e incluso por actividades duplicadas, beneficiando directamente al locador con S/ 103,000 adicionales.
El órgano de control identificó con nombre y apellido a los funcionarios responsables de estas operaciones ilícitas, recomendando al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, iniciar de inmediato las acciones penales correspondientes.
Se trata de los funcionarios de confianza: Roy Eleodoro Benel Meza (Gerente General Municipal), Bonnie Verónica Caqui Chaupis (Gerente de Administración), Sergio Honorio Berrospi Aguilar (Gerente de Planeamiento), Ceferino Beraun Ayala (Subgerente de Abastecimiento) y Elviz Eucevio Garay Correa (Subgerente de Abastecimiento).
Ante el contundente informe, el OCI ha solicitado formalmente al alcalde distrital, Roger Hidalgo Panduro, iniciar los procesos administrativos para el deslinde de responsabilidades correspondientes, mientras se derivan las carpetas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y al fuero penal para las sanciones de ley.
