Una serie de indicios de irregularidades fueron detectados en el otorgamiento y rendición de cuentas por concepto de viáticos en la Red de Salud Leoncio Prado. El perjuicio involucra a un total de 75 funcionarios y trabajadores de la institución, a quienes se omitió descontar la suma global de 17,615 soles, afectando la transparencia, legalidad y el correcto uso de los recursos del Estado.
Esta situación fue revelada a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 006-2026-2-0691, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Huánuco, el cual fue publicado ayer en el portal web de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el documento, los 75 servidores públicos beneficiados efectuaron la rendición de dichos fondos sin considerar los lineamientos establecidos en las normativas internas de la entidad.
Entre las principales anomalías, el órgano de control advierte que los funcionarios encargados no solo omitieron aplicar el descuento de los 17,615 soles por las rendiciones pendientes, sino que además aceptaron los descargos a pesar de haber excedido largamente el plazo máximo permitido, el cual es de 10 días hábiles posteriores al cumplimiento de la comisión de servicio.
El informe detalla detalladamente que este grupo de trabajadores no rindió cuentas por los fondos públicos otorgados durante el año 2025 en los plazos de ley, sino que recién lo hicieron de manera extemporánea entre los meses de enero y febrero de 2026. Con esta acción, se vulneró la Directiva General de la Dirección Regional de Salud denominada “Control de comisión de servicios y asignación de viáticos para funcionarios y servidores públicos”.
Ante esto, el OCI determinó que los responsables de supervisar este proceso incumplieron gravemente sus funciones al validar rendiciones fuera de tiempo y no proceder con los descuentos totales obligatorios.
Por todo ello, el órgano de control recomendó formalmente a la Dirección de la Red de Salud Leoncio Prado adoptar de inmediato las acciones correctivas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias para subsanar los hechos identificados y, de ser el caso, disponer el inicio del proceso de deslinde de responsabilidades contra los funcionarios involucrados.
