Por: Joyce Meyzán Caldas*
Cada proceso electoral trae consigo propuestas que generan entusiasmo inmediato. Una de ellas es el ingreso libre a las universidades públicas, planteado recientemente por el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien propone avanzar hacia un acceso universal a la educación superior.
A primera vista, la idea resulta atractiva. ¿Quién podría estar en contra de que más jóvenes accedan a la universidad? En un país donde miles de estudiantes ven frustrado su sueño profesional por falta de vacantes, recursos económicos o desigualdades educativas, la propuesta parece una respuesta justa. Sin embargo, cuando hablamos de educación superior, las buenas intenciones no siempre garantizan buenos resultados.
La primera pregunta que deberíamos hacernos es si el ingreso libre realmente resuelve los problemas de la educación universitaria peruana. Mi respuesta es no.
El principal problema de la educación superior en el Perú no es únicamente el examen de admisión. Las dificultades empiezan mucho antes. Actualmente, más de 400 mil jóvenes egresan de la secundaria cada año, pero el sistema universitario público ofrece menos de 65 mil vacantes a nivel nacional. Esto evidencia que la selección es el resultado de un embudo originado por una educación básica desigual, brechas de aprendizaje entre colegios públicos y privados, escasa infraestructura, déficit de docentes y limitaciones presupuestarias que ahogan a las universidades públicas. Eliminar la barrera del examen no corrige automáticamente ninguna de estas condiciones.
Los defensores de esta propuesta suelen mencionar el caso argentino. Y es cierto que Argentina posee uno de los sistemas más conocidos de ingreso libre e irrestricto. La legislación permite que cualquier estudiante con educación secundaria concluida acceda a estudios superiores sin exámenes eliminatorios.
Sin embargo, la experiencia argentina deja lecciones importantes. En instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Ciclo Básico Común (CBC) opera como un filtro interno: datos oficiales muestran que solo 3 de cada 10 estudiantes de universidades públicas logran graduarse a tiempo. El ingreso irrestricto incrementó la matrícula, pero la masificación estuvo acompañada de elevados niveles de deserción temprana. Esto significa que permitir el ingreso de más estudiantes no garantiza, por sí solo, que más jóvenes culminen una carrera profesional.
Además, cuando se habla de acceso libre suele omitirse una pregunta fundamental: ¿están las universidades preparadas para recibir a todos? Pensemos en carreras como Medicina Humana, Enfermería, Odontología, Arquitectura o Ingeniería. Estas especialidades requieren laboratorios, equipos, campos clínicos y espacios de práctica. Si una facultad diseñada para atender a cien estudiantes recibe quinientos o mil sin una inversión proporcional —considerando que el Perú invierte apenas alrededor del 4.2% del PBI en educación, muy por debajo de otros países de la OCDE— la calidad inevitablemente se verá afectada. La educación superior no funciona únicamente con buenas intenciones; funciona con presupuesto, planificación e infraestructura.
Por supuesto, existe una realidad que no podemos ignorar. Cada año, en procesos de admisión como el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), llegan a postular más de 28,000 jóvenes para apenas 4,700 vacantes. Ante esta enorme competencia, algunos optan por universidades privadas, otros abandonan sus estudios, y muchos buscan oportunidades en el extranjero. Argentina o Bolivia se han convertido en destinos principales para estudiantes peruanos que desean seguir carreras altamente competitivas como Medicina, aprovechando un sistema más accesible en el ingreso. Sin embargo, incluso allí, el acceso abierto no elimina desafíos de financiamiento, permanencia o hacinamiento.
Aquí aparece otro aspecto que me parece especialmente importante: la comunicación política. Cuando se anuncia el «ingreso libre», el mensaje es poderoso porque conecta con aspiraciones legítimas de miles de familias. Es simple, directo y emocionalmente atractivo. La prensa suele reaccionar polarizando el debate: algunos presentan la propuesta como una conquista social histórica, mientras otros la describen como una amenaza a la calidad. Ambas posiciones simplifican un debate mucho más complejo.
La educación superior no debería discutirse mediante consignas ni titulares impactantes. Merece un análisis serio sobre financiamiento, capacidad instalada, empleabilidad e investigación. En realidad, el verdadero debate no debería ser «ingreso libre sí o no», sino cómo ampliar el acceso sin deteriorar la calidad. Porque una universidad que recibe más estudiantes de los que puede atender adecuadamente no está ampliando oportunidades; está trasladando el problema a las aulas.
Por eso considero que, en las condiciones actuales del Perú, el ingreso libre universal no es una medida viable. No porque más jóvenes en la universidad sea una mala idea. Todo lo contrario. El país necesita más profesionales y oportunidades. Pero hoy no contamos con la infraestructura ni el presupuesto necesarios para implementar esta política a gran escala sin comprometer el servicio educativo. Opciones más viables y reales hoy serían ampliar el alcance de becas focalizadas, repotenciar los institutos técnicos públicos y aumentar gradualmente las vacantes universitarias con financiamiento directo.
Quizá dentro de algunos años, con mayores inversiones y nuevas universidades fortalecidas, la discusión sea distinta. Hoy, el ingreso libre corre el riesgo de convertirse en una solución aparente para un problema real. Ampliar el acceso es importante, pero garantizar una educación de calidad sigue siendo indispensable. De lo contrario, corremos el riesgo de abrir las puertas de la universidad a todos, sin asegurar que detrás de ellas exista la formación que el país necesita para construir su futuro.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzan
