Por: Joyce Meyzán Caldas*
El debate presidencial del último domingo dejó mucho más que momentos de tensión y confrontación. Para quienes observamos la realidad desde la educación y la universidad, este encuentro representó una oportunidad para contrastar visiones de país, evaluar propuestas y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta uno de los sectores más importantes para el desarrollo nacional. En una campaña donde abundan las promesas, resulta indispensable distinguir entre aquello que suena atractivo y aquello que realmente puede convertirse en una política pública sostenible.
La educación fue uno de los temas centrales del debate y, quizá, uno de los que permitió observar con mayor claridad las diferencias entre ambos proyectos políticos. Mientras una propuesta apostó por fortalecer el sistema actual mediante infraestructura, conectividad, becas y mejores condiciones para los estudiantes, la otra planteó una transformación más profunda basada en la universalización del acceso y el ingreso libre a las universidades.
A primera vista, ambas visiones pueden parecer positivas. Después de todo, ¿quién podría estar en contra de que más jóvenes accedan a la educación superior? El problema no está en el objetivo, sino en la ruta para alcanzarlo.
En el Perú actual, las universidades públicas enfrentan importantes desafíos. Muchas de ellas lidian con limitaciones presupuestales, brechas de infraestructura, necesidades de equipamiento, insuficiente financiamiento para investigación y una creciente demanda estudiantil. Basta recorrer diversas regiones del país para encontrar facultades que aún esperan laboratorios modernos, bibliotecas actualizadas o mejores condiciones para desarrollar actividades académicas.
Frente a este contexto, resulta válido preguntarse si propuestas como el ingreso libre universal podrían implementarse de manera inmediata sin afectar la calidad educativa. La inclusión es un objetivo deseable, pero también lo es garantizar que los estudiantes encuentren en las aulas una formación de calidad, docentes capacitados y condiciones adecuadas para desarrollar sus competencias profesionales.
Por otro lado, las propuestas orientadas a ampliar programas de becas, mejorar la infraestructura educativa y fortalecer los servicios básicos parecen responder a necesidades concretas que hoy afectan a millones de estudiantes. Tal vez no generan el mismo entusiasmo que una propuesta de transformación radical, pero tienen la ventaja de partir de una realidad conocida y de problemas identificables.
Precisamente allí apareció uno de los aspectos más interesantes del debate: la diferencia entre el discurso aspiracional y el discurso de gestión. Mientras uno de los candidatos se enfocó en plantear cambios estructurales y apeló a conceptos como revolución educativa y derechos universales, la otra candidata centró gran parte de su intervención en medidas específicas, metas cuantificables y acciones concretas.
Más allá de las preferencias políticas de cada ciudadano, es importante reconocer que la comunicación política también se evalúa por la claridad de las propuestas. Una idea puede ser noble y bien intencionada, pero si no explica cómo se financiará, quién la ejecutará o cuáles serán sus mecanismos de implementación, inevitablemente deja preguntas abiertas.
Desde una perspectiva comunicacional, el desempeño de ambos candidatos mostró diferencias importantes. Roberto Sánchez logró conectar con sectores que perciben que el sistema educativo sigue siendo excluyente y que sienten que las oportunidades continúan concentradas en determinados grupos. Su mensaje estuvo cargado de un fuerte componente social y buscó representar las aspiraciones de quienes consideran que el Estado debe asumir un rol más protagónico en la garantía de derechos.
Keiko Fujimori, en cambio, proyectó una imagen más orientada a la gestión y a la ejecución de políticas públicas. Su estrategia se apoyó en cifras, metas y programas específicos. Puede discutirse si todas sus propuestas son suficientes o si responden a la magnitud de los problemas nacionales, pero durante el debate consiguió transmitir cómo imaginaba la implementación de sus planteamientos. En términos comunicacionales, mostró un discurso más estructurado y mensajes más concretos para el electorado.
Esto no significa que una propuesta deba aceptarse automáticamente ni que la otra deba descartarse. Significa, simplemente, que el análisis ciudadano debe considerar no solo qué se promete, sino también qué tan posible resulta convertir esa promesa en realidad.
En las universidades solemos enseñar que toda propuesta debe ser evaluada considerando objetivos, recursos, contexto y sostenibilidad. Curiosamente, el mismo criterio debería aplicarse a las campañas electorales. Una promesa atractiva pero inviable puede generar frustración. Una propuesta más moderada pero ejecutable puede producir resultados concretos. El desafío está en encontrar el equilibrio entre aspiración y realismo.
Quizá la principal lección que nos deja este debate es que la educación no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda nacional. El futuro del país depende en gran medida de las decisiones que se tomen hoy en las aulas escolares y universitarias. Por ello, corresponde a los ciudadanos escuchar, comparar, preguntar y cuestionar.
Las elecciones no deberían definirse únicamente por simpatías personales o por la capacidad de un candidato para ofrecer el discurso más emotivo. También deberían considerar quién demuestra una mejor comprensión de los desafíos actuales y quién presenta propuestas con mayores posibilidades de convertirse en políticas públicas efectivas.
Al final, más que elegir entre promesas, los peruanos estamos llamados a elegir entre proyectos viables para construir el futuro. Y en esa tarea, el pensamiento crítico sigue siendo nuestra mejor herramienta. Porque una ciudadanía informada no solo escucha lo que los candidatos prometen; también analiza si cuentan con las condiciones, la preparación y la capacidad para hacerlo realidad.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzan
