La sesión ordinaria del Consejo Regional de Huánuco se tornó tensa tras la presentación del procurador público regional, Juan Carlos Nolorve Rojas, quien acudió para exponer los resultados de su labor durante el primer trimestre del año.
En su informe, Nolorve detalló que la Procuraduría Pública Regional atiende actualmente 21 812 procesos: 18 399 contenciosos administrativos, 989 civiles y constitucionales, 1412 laborales, 940 penales, 51 arbitrajes, 6 trámites de anulación de laudos, 8 de ejecución de laudos y 7 conciliaciones.
El procurador recordó que su obligación es brindar información general y cuantitativa, sin entrar en detalles de casos específicos.
Las diferencias surgieron cuando varios consejeros solicitaron que en futuros informes incluya avances sobre casos emblemáticos, como la adquisición de maquinarias. La consejera de Ambo, Esther Lucas, cuestionó además su actuación en el caso del centro de salud de Ambo.
Ante ello, Nolorve respondió que los casos de corrupción no corresponden a su despacho, sino a la Procuraduría Anticorrupción. Añadió que los consejeros también tienen la función de investigar y que no deben trasladar esa responsabilidad a la Procuraduría Regional.
La situación se agravó cuando el procurador respondió de manera (considerada) inadecuada a la consejera Lucas, lo que generó la exigencia de disculpas por parte de los consejeros, las cuales nunca se produjeron. Nolorve se retiró de la sesión en medio del malestar generalizado.
Posteriormente, el pleno del Consejo Regional acordó por unanimidad elevar un informe a la Procuraduría General del Estado, adjuntando el video de la sesión, para que evalúe la actitud del procurador y adopte las medidas administrativas correspondientes.
El consejero Olchese Tarazona calificó la conducta del procurador como “desacertada, inadecuada e irrespetuosa”, mientras que la consejera Esther Lucas manifestó que su intervención solo buscaba conocer la actuación de Nolorve en el caso del centro de salud de Ambo, cuestionado por diversos expertos.
Lucas subrayó que, como consejera, le corresponde investigar la actuación de todos los funcionarios públicos, incluido el procurador, y que en caso de detectarse negligencias o incumplimiento de funciones, se deben aplicar las sanciones correspondientes.
