El representante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Marco Durán Roca, cuestionó la actuación de las autoridades en el caso ocurrido en el centro de salud de Ambo, donde parte de la infraestructura fue destruida por la administradora judicial del local, Rafaela Morales Bravo. Según indicó, la administradora no estaba facultada por la resolución judicial para realizar dicha acción, por lo que la fiscal provincial que constató el hecho debió ordenar su inmediata detención por flagrancia del delito.
Durán Roca explicó que la Defensoría ha estado realizando seguimiento tanto en la vía administrativa como judicial, y que fue evidente la destrucción de infraestructura pública debido al mal entendimiento de la administradora.
Señaló que Morales Bravo solo tenía posesión de 430,28 metros cuadrados, pero se arrogó la potestad de ocupar los 3.971,21 metros cuadrados correspondientes a todo el centro de salud de Ambo.
Respecto a la medida cautelar que permite a la administradora continuar posesionada del local, pese a ser la causante de la destrucción, indicó que la jurisprudencia legal lo permite, aunque la orden establece que no debe realizar modificaciones en el inmueble, lo cual deberá ser verificado por el Ministerio Público y el sector Salud.
El abogado criticó la falta de participación oportuna de la Municipalidad Provincial de Ambo, responsable de la obra, así como de la empresa ejecutora, el Ministerio Público de Ambo y la Policía Nacional del Perú, quienes no actuaron para proteger la integridad del bien público.
También cuestionó a los procuradores, especialmente al procurador municipal de Ambo, por no pronunciarse, y a la Procuraduría Pública Regional por no constituirse en el proceso pese a haber sido notificada por la jueza de Ambo.
Sobre la actuación jurisdiccional de la jueza Dora Jara Vargas, Durán Roca señaló que no encuentra irregularidades, recordando que en 2011 el fiscal a cargo constató la posesión del terreno por parte de Morales Bravo.
En relación con la situación de Magda Teresa Milla de Beraún, reconocida como propietaria de 219 m2 dentro del mismo terreno, el abogado precisó que su caso es distinto, ya que corresponde entablar una negociación para la compra-venta del área.
