Por: Joyce Meyzán Caldas*
Llevo años frente a un aula universitaria y cada semestre me enfrento a la misma paradoja: mis estudiantes conocen los datos del cambio climático mejor que muchos funcionarios públicos, pero cuando les pregunto qué han hecho al respecto, el silencio es elocuente. No es ignorancia, es parálisis. Y esa parálisis tiene mucho que ver con cómo las universidades estamos formando —o más bien, no formando— a quienes deberían liderar la respuesta a la mayor crisis de nuestro tiempo.
Como comunicadora social y docente, tengo una obsesión particular con la brecha entre el discurso y la acción. Y pocas brechas me resultan tan inquietantes como la que existe entre lo que las universidades dicen sobre sostenibilidad y lo que realmente hacen para construirla. Hablamos de crisis climática, aparece en los planes curriculares, se menciona en los discursos de inauguración de año académico. Pero cuando uno mira con detenimiento, descubre que gran parte de ese compromiso es decorativo. Una asignatura optativa aquí, un panel de expertos allá, y la sensación reconfortante de que algo se está haciendo.
Cuando pensamos en las universidades y la crisis climática, no se trata solo de paneles solares en los techos o de nuevos programas de reciclaje. Se trata de un replanteamiento profundo. Piensen en una joven que, tras estudiar ingeniería ambiental, decide crear su propia startup para limpiar ríos locales. Piensen en un profesor que, desde su aula de ciencias políticas, conecta a sus estudiantes con organizaciones que presionan a las autoridades para políticas más verdes. La crisis climática no se resuelve con una fórmula abstracta; se resuelve con personas, con decisiones diarias, con una universidad que se siente responsable de su entorno.
Y no es un camino fácil. Las universidades se enfrentan a presupuestos ajustados, a la presión de ofrecer carreras que garanticen empleo rápido y, a veces, a una apatía social de indiferencia. Pero ahí radica la magia. Cada vez que un estudiante se enfrenta a un problema real, cada vez que una facultad se abre a colaborar con comunidades locales, se abren oportunidades de cambio.
Muchas universidades han incorporado asignaturas de sostenibilidad que funcionan como adorno curricular, como una casilla que se marca para demostrar compromiso ambiental sin que ello cambie nada estructural. Se enseña el Acuerdo de París como dato histórico, pero no se enseña a negociar en contextos de presión política. Se habla de huella de carbono, pero no se forman habilidades para liderar comunidades en transición energética. Ese abismo entre el conocimiento declarativo y la acción transformadora es, quizás, el problema central que nadie quiere nombrar con claridad.
Lo que la crisis climática demanda no son graduados que sepan definir la resiliencia ecosistémica, sino personas capaces de ejercerla. Y eso exige una pedagogía radicalmente distinta. Una que coloque a los estudiantes en la incomodidad productiva de los problemas reales: trabajar con agricultores que pierden cosechas por sequías, con alcaldes que deben decidir entre desarrollo económico y preservación ambiental, con comunidades indígenas que llevan siglos sabiendo lo que la academia apenas comienza a entender sobre el territorio. La universidad que forma líderes climáticos no puede seguir mirando el mundo desde sus ventanas; tiene que salir por ellas.
Existe además una dimensión menos visible pero igualmente urgente: la cultura institucional. Las universidades reproducen valores. Cuando una institución premia la publicación por encima del impacto, cuando los departamentos compiten en lugar de colaborar, cuando el conocimiento se fragmenta en compartimentos estancos que no se hablan entre sí, se envía un mensaje implícito a los estudiantes sobre cómo funciona el mundo. Y ese mensaje es exactamente contrario a lo que la acción climática requiere: interdisciplinariedad, cooperación, pensamiento sistémico, disposición a actuar con información incompleta.
Transformar esa cultura es más difícil que instalar paneles solares, pero es igual de necesario. Algunas universidades en el mundo están ensayando modelos interesantes: centros de investigación que incluyen a comunidades como co-investigadoras, programas de posgrado que evalúan proyectos reales en lugar de tesis teóricas, alianzas entre facultades de derecho, ciencias y humanidades para abordar problemas climáticos desde múltiples ángulos. No son soluciones perfectas, pero tienen algo en común: parten de la convicción de que la universidad no es un observatorio del mundo, sino un actor dentro de él.
Lo importante es no quedarnos solo en la teoría. Las universidades tienen la capacidad de ser brújula y también catalizadoras. No basta con enseñar; hay que escuchar, dialogar con la realidad, acercarse a quienes ya viven la crisis, y dar pasos concretos. Porque, al final, no solo formamos profesionales; formamos ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen en sus manos la capacidad de cambiar el rumbo de esta historia.
Así que, mientras el mundo se sacude con nuevos retos climáticos, las universidades tienen una oportunidad irrepetible: ser las arquitectas de un cambio que, aunque todavía incierto, ya se empieza a gestar. Pero esa arquitectura requiere valentía institucional, no solo buenas intenciones. Requiere asumir que educar para la sostenibilidad no es una especialidad opcional, sino el proyecto político y ético más importante de nuestra época. Y que el tiempo para decidirlo no es el de los planes quinquenales: es ahora, en este semestre, mientras mis estudiantes esperan que alguien les muestre que el conocimiento también puede ser coraje.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital. @joycemeyzan
