La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la aplicación de prisión perpetua para menores de 18 años que cometan delitos de homicidio, violación o terrorismo, en el marco de la “guerra” antipandillas que el presidente Nayib Bukele mantiene desde hace cuatro años.
La medida forma parte de la reforma a la Ley Penal Juvenil, que incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional para adolescentes en conflicto con la ley penal.
La reforma establece la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil en casos de delitos graves, aunque contempla revisiones periódicas de la condena para evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo de reincidencia, con la posibilidad de otorgar libertad controlada.
La aprobación se dio con 58 votos de los 60 diputados del Congreso unicameral, y la norma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseguró que la medida brinda tranquilidad a las familias salvadoreñas al garantizar que “ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”. Sin embargo, voces críticas como la del diputado Francisco Lira, de la derechista Arena, señalaron que miles de salvadoreños sin vínculos con pandillas siguen esperando un juicio justo y advirtieron que personas inocentes podrían estar pagando por delitos que no cometieron.
La reforma también modifica el Código Penal, otorgando competencia exclusiva a los juzgados de lo Criminal para procesar tanto a adultos como a menores acusados de delitos sancionados con prisión perpetua. Estos tribunales deberán realizar revisiones obligatorias de las condenas: en el caso de menores, después de 25 años de prisión; en adultos, entre los 30 y 40 años cumplidos.
Hasta ahora, la legislación salvadoreña contemplaba como pena máxima 60 años de cárcel, con posibilidad de reducción por buena conducta o trabajos comunitarios.
En paralelo, el parlamento aprobó con 57 votos la prórroga por 30 días del régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Esta medida, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de 91,650 presuntos pandilleros, de los cuales unos 8,000 fueron liberados tras comprobarse su inocencia.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que aún permanecen detenidos numerosos ciudadanos sin pruebas suficientes, lo que ha generado críticas internacionales sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales.
La aprobación de la prisión perpetua para menores y la extensión del régimen de excepción refuerzan la política de mano dura del gobierno de Bukele, que continúa siendo respaldada por la mayoría parlamentaria, pero cuestionada por sectores opositores y organismos internacionales.
