El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, presentó una denuncia penal por difamación contra Fernando “Popy” Olivera luego del primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 23 de marzo de 2026. La respuesta de Acuña surge tras la lo dicho por Olivera, quien durante el bloque de integridad pública calificó a APP como una «organización criminal».
Durante el encuentro, Olivera lanzó acusaciones directas sobre el patrimonio de Acuña, cuestionando la procedencia de sus bienes y sugiriendo irregularidades en su trayectoria política. El candidato del Frente de la Esperanza vinculó el origen del patrimonio de Acuña con el clan Sánchez Paredes, señalándolo de actuar presuntamente como su testaferro.
Ante estas declaraciones, Acuña afirmó que no permitirá ataques a su honor ni a su reputación y que la vía judicial es el camino para defenderse de lo que considera afirmaciones falsas y malintencionadas.
La denuncia fue formalizada en Cajamarca, donde Acuña enfatizó que espera una sanción ejemplar contra Olivera, a quien responsabiliza de haber afectado su imagen pública en plena campaña electoral. Por su parte, Olivera ratificó sus acusaciones y denunció haber recibido amenazas tras el debate, asegurando que no se retractará de sus señalamientos.
El enfrentamiento entre ambos candidatos ha generado un fuerte impacto mediático y político, polarizando a la opinión pública y colocando el tema de la ética y la transparencia en el centro de la discusión electoral.
Este episodio refleja la tensión creciente en el proceso electoral peruano y abre un debate sobre los límites de la confrontación política, así como el uso de la justicia en medio de la campaña.
La resolución de este caso podría marcar un precedente en la manera en que se manejan las acusaciones entre candidatos y en cómo se protege la reputación en el ámbito político.
