El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció su política de seguridad con la aprobación de una reforma constitucional que establece la prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas. La medida fue aprobada por 59 de los 60 diputados apenas horas después de ser presentada, y elimina la prohibición previa de aplicar penas perpetuas, que hasta ahora tenían un máximo de 60 años con posibilidad de reducción.
Según la vicepresidenta parlamentaria Suecy Callejas, el objetivo es que los criminales “no salgan a la calle y cumplan su pena para siempre”. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la iniciativa asegurando que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, en referencia a las pandillas.
La reforma se produce a pocos días de cumplirse cuatro años del régimen de excepción, bajo el cual se han detenido a 91,500 personas sin orden judicial, acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas. Organizaciones humanitarias denuncian que este régimen ha derivado en graves violaciones de derechos humanos. Socorro Jurídico asegura que unos 500 presos han muerto sin juicio, y que el 94 % de ellos no tenía perfil de pandillero.
El Salvador registra la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con 1,700 prisioneros por cada 100,000 habitantes, según el World Prison Brief. Para el gobierno, esta política ha reducido los homicidios a mínimos históricos, pero organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusan al régimen de tortura, desapariciones forzadas y persecución de defensores de derechos humanos.
En medio de las críticas, Bukele ha acusado a las organizaciones de derechos humanos de ser “bufetes legales internacionales del crimen” y de defender a los pandilleros. Su modelo de seguridad, que ha debilitado a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, es observado por otros países de la región, aunque genera preocupación por el impacto en las libertades y garantías fundamentales.
