Bajo advertencia de responsabilidad administrativa, civil y penal; el alcalde de la provincia de Lauricocha, Gide Falcón Sánchez, remitió sendos documentos a la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, exigiendo la asignación presupuestal para la defensa ribereña en la quebrada Chegchilhuan, que se constituye en un peligro inminente para la población de Jesús, capital de la provincia.
En el documento manifiesta, lo que debieron ser soluciones vitales para la población de Jesús, se han convertido en monumentos a la negligencia administrativa por la falta de transferencia presupuestal de parte de la PCM, así como del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, lo que provoca la paralización de proyectos de mucha importancia en la ciudad de Jesús, desencadenando consecuencias fatales como la muerte de un poblador que pudo evitarse.
Señala que, la paralización de la obra de Defensa Ribereña de Chegchilhuan, es el epicentro de la tragedia, por el abandono de la obra sin los recursos económicos, y el poco avance físico de la infraestructura no pudo contener el incremento del caudal durante las recientes lluvias intensas lo que provocó el derrumbe de una vivienda, siniestro en el cual un poblador perdió la vida, dejando a la comunidad en medio del dolor y la indignación.
La obra se encuentra actualmente suspendida desde noviembre del 2025, hasta cuya fecha presenta un avance acumulado por debajo del 80%.
A este escenario se suma la obra de pistas y veredas de la ciudad, también paralizada, lo que no garantiza la transitabilidad y salubridad de los vecinos de Jesús, convirtiéndola en insegura y abandonada; afectando las necesidades básicas de miles de familias.
Afirman que, la omisión de estas transferencias no solo es una falta administrativa, sino que arrastra responsabilidades de carácter administrativo, por el incumplimiento de funciones y metas estatales con responsabilidad civil, por los daños y perjuicios ocasionados a la propiedad privada y pública, y con responsabilidad penal por la posible configuración de delitos por omisión de actos funcionales y exposición de personas al peligro con resultado de muerte.
Advierte por ello del descontento popular y la vulneración de derechos fundamentales de la población que amenazan con una marcha de sacrificio hacia la capital de la República para exigir a los responsables la transferencia inmediata de recursos en caso de no obtener una respuesta inmediata, no responsabilizándose de las medidas de fuerza y el inicio de las acciones legales correspondientes contra los titulares de los pliegos de la PCM y el Ministerio de Vivienda.
Ante ello, la población de Jesús exige que el Ejecutivo deje de mirar hacia otro lado. «No son solo es cemento y fierro, son vidas humanas», señalan. Exigen la priorización del presupuesto, para evitar que la temporada de lluvias siga cobrando víctimas y destruyendo familias.
