El proceso judicial por difamación contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, continúa en la Corte Suprema tras la querella presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La demanda fue admitida por la Sala Penal Especial, que consideró que cumplía con los requisitos legales, y se inició el juicio oral el pasado 3 de marzo de 2026, luego de que fracasara un intento de conciliación entre las partes.
Espinoza acusa a Rospigliosi de haberla señalado públicamente como “aliada del terrorismo”, sin pruebas que sustenten tal afirmación. El Ministerio Público ha solicitado una condena superior a dos años de prisión y el pago de un millón de soles como reparación civil. Durante la audiencia, la jueza suprema provisional Norma Carbajal instaló el proceso, en el que ambas partes participaron de manera virtual.
El congresista fujimorista ha defendido sus declaraciones alegando que forman parte de su derecho a la libertad de expresión y que responden a su compromiso con policías y militares que enfrentaron la violencia en años recientes. Sin embargo, especialistas en derecho penal advierten que la difamación agravada, cuando se realiza contra funcionarios públicos o afecta la reputación profesional, puede derivar en sanciones severas.
El caso ha generado gran expectativa política, pues involucra directamente al titular del Congreso en un proceso judicial de alto perfil. Analistas señalan que el desenlace podría tener repercusiones en la estabilidad institucional y en la relación entre el Poder Legislativo y el sistema de justicia. La próxima audiencia está programada para el 10 de marzo, donde se espera la presentación de nuevas pruebas y testimonios.
El juicio contra Rospigliosi se perfila como un proceso emblemático en el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las autoridades en sus declaraciones públicas, en un contexto político marcado por la polarización y la confrontación entre poderes del Estado.
