El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, confirmó un acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para integrar modelos de inteligencia artificial en redes clasificadas del Pentágono, bajo estrictas salvaguardias técnicas orientadas a garantizar un uso responsable de la tecnología.
Según explicó Altman, el convenio establece límites claros basados en dos principios centrales de seguridad de la compañía: la prohibición de la vigilancia masiva a nivel nacional y la exigencia de supervisión humana en el uso de la fuerza, incluidos eventuales sistemas de armas autónomas.
El ejecutivo detalló que se implementarán mecanismos técnicos adicionales para asegurar que los modelos operen únicamente dentro de los parámetros acordados, condiciones que —según indicó— habrían sido solicitadas por el propio Departamento de Defensa.
Como parte del acuerdo, OpenAI asignará ingenieros especializados para acompañar al Pentágono en la supervisión del despliegue y la seguridad de los sistemas. Además, las herramientas serán utilizadas exclusivamente en entornos de nube clasificados, lo que restringe su alcance y refuerza el control operativo.
Altman también instó a que estas mismas reglas sean aplicadas a todas las compañías de inteligencia artificial que colaboren con la agencia de defensa.
Tensiones con Anthropic
El anuncio se produce en medio de fricciones en el sector tecnológico vinculadas a la empresa rival Anthropic. La controversia surgió cuando el Pentágono solicitó que sus modelos Claude pudieran emplearse sin restricciones en operaciones relacionadas con seguridad nacional.
Desde Defensa se argumentó que los contratistas no pueden imponer límites sobre el uso final de productos adquiridos por el Estado. Sin embargo, Anthropic rechazó esa exigencia y sostuvo que no permitirá que su tecnología sea utilizada para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni para sistemas autónomos de armamento sin supervisión humana.
La negativa generó un quiebre con la administración del entonces presidente Donald Trump, quien calificó la postura como inaceptable y ordenó el cese inmediato del uso de la tecnología de Anthropic en el aparato federal, estableciendo además un plazo de seis meses para su eliminación progresiva en las agencias que aún la emplean.
