La Contraloría General de la República – CGR detectó irregularidades en la ejecución del puesto de salud de Antacolpa, provincia de Lauricocha, debido a que presenta trabajos inconclusos y otros no justificados; lo que generó un perjuicio económico ascendente a S/ 1 409 278 a la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri.
Como consecuencia, la infraestructura y el equipamiento médico valorizado en S/ 4.1 millones permanece sin uso desde hace más de cinco años e incumplen la finalidad pública de beneficiar a 1545 habitantes del centro poblado de Antacolpa y sus anexos. Mientras tanto, la población continúa recibiendo atención en un puesto de salud de contingencia que ha sido declarado inhabitable por Defensa Civil.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 052-2026-CG/GRHC-AC (evaluado del 1 de julio de 2019 al 23 de diciembre de 2021) se detalla que desde la culminación de la infraestructura en junio 2021, la obra nunca operó.Fue recepcionada sin verificar adecuadamente las instalaciones ni el funcionamiento de los equipos.
Falta de instalación del sistema de baja tensión y conexión de fluido eléctrico a la red pública que permita la puesta en funcionamiento del equipamiento médico adquirido. De no utilizarse durante el 2026, los equipos perderán su vigencia tecnológica.
Tampoco existe cableado y equipos estructurados para el sistema de comunicaciones, así como la carencia de software para grabación de video vigilancia, sistema de conectividad y seguridad informática, entre otros componentes esenciales.
Asimismo, aunque conformaron dos comités de recepción, ninguno de ellos observó trabajos parcialmente ejecutados. La comisión verificó que dos de los cuatro pozos a tierra no fueron construidos, tampoco instalaron planchas termoacústicas en el techo del módulo de servicios generales, y en la aprobación del expediente técnico consideraron ladrillo de techo y acero en cantidades superiores a lo señado en los planos, lo que generó se incremente de presupuesto y pagos no justificados por S/ 346 808.
Durante la ejecución, el contratista dejo de laborar un mes y, para evitar penalidades, simuló una suspensión de plazo por presuntas lluvias intensas. Pese a no existir justificación técnica, la entidad aprobó la suspensión. Además, en la licitación, el comité de selección otorgó la buena pro al postor que no tenía experiencia en la especialidad.
La entidad, a través del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, otorgó la conformidad de pago a las valorizaciones que no contaban con la documentación completa, pese a la existencia de partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas. Por estos hechos la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y/o administrativa en cinco funcionarios públicos.
