El caso de Lizeth Marzano, campeona mundial de buceo fallecida tras ser atropellada en San Isidro el 17 de febrero de 2026, ha generado gran conmoción en el país. La detención de Adrián Villar Chirinos, señalado como responsable del accidente, se produjo recién nueve días después del hecho, lo que ha desatado críticas hacia las autoridades y cuestionamientos sobre el manejo de la investigación.
Según la información disponible, Villar fue identificado desde el inicio como el conductor que embistió a Marzano. Sin embargo, la Policía no procedió a detenerlo la misma noche del accidente, pese a que acudió a su domicilio en Miraflores. Durante esos días, el joven incluso viajó a Cajamarca, lo que alimentó las sospechas de un posible intento de fuga o encubrimiento. Finalmente, el 26 de febrero, el Poder Judicial dictó una detención preliminar de 72 horas en su contra, bajo los cargos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga.
La Fiscalía también ha incluido en la investigación a la periodista Marisel Linares y a dos agentes policiales, por presunto encubrimiento y omisiones en el procedimiento. Este aspecto ha generado aún más polémica, pues se cuestiona si hubo un trato diferenciado hacia Villar que retrasó su captura.
Tras su detención, Villar fue trasladado a Medicina Legal para las diligencias correspondientes y se espera que el Ministerio Público solicite prisión preventiva. La familia de Lizeth Marzano ha rechazado cualquier intento de conciliación y exige la máxima sanción para el responsable. El hermano de la deportista, Gino Marzano, ha manifestado públicamente que no descansarán hasta que se haga justicia.
El caso ha puesto en debate la actuación de la Policía Nacional y del sistema judicial peruano, especialmente en lo que respecta a la rapidez y transparencia de los procesos. La demora en la detención de Villar ha sido interpretada por muchos como un reflejo de privilegios y deficiencias institucionales. En los próximos días, la Fiscalía deberá definir si solicita prisión preventiva y avanzar en la investigación para esclarecer las responsabilidades tanto del acusado como de los funcionarios implicados.
