La población de la provincia de Pachitea, junto a sus autoridades y agentes económicos, expresó su preocupación por las constantes suspensiones en la ejecución del asfaltado de la carretera Rancho – Panao – Chaglla. Así lo manifestó Diómedes Claudio Baldeón, uno de los promotores del proyecto, quien advirtió que los conflictos sociales entre el Consorcio Vial Huánuco y los trabajadores han generado un clima laboral poco favorable para la continuidad de la obra.
El proyecto fue dividido en dos tramos: Rancho – Panao y Panao – Chaglla – Rumichaca. Según Baldeón, la licitación del primer tramo se justificó en la disponibilidad de Depósitos de Materiales Excedentes (DME), mientras que el segundo tramo fue postergado por la supuesta falta de estos insumos.
Sin embargo, actualmente se utilizan los DME ubicados en Naunán, distrito de Chaglla, para el tramo I, lo que evidencia que no existía razón para retrasar la convocatoria del tramo II.
Ante esta situación, la Cámara de Comercio Industrias y Turismo de Pachitea solicitó a Provías Nacional información sobre el estado de los trabajos y el uso de los DME del segundo tramo en el primero, lo que genera temor de que no haya disponibilidad de materiales cuando se inicie la segunda fase de la obra.
Baldeón recordó que esta carretera es un reclamo histórico de la población de Pachitea, fruto de gestiones realizadas durante décadas. Señaló que ahora existe un Frente de Defensa que debe demostrar su compromiso real con los intereses de la provincia.
SUSPENSIÓN. Ayer por la tarde se conoció de una nueva paralización de la obra, atribuida a diferencias entre el Consorcio Vial Huánuco y el Frente de Defensa.
El conflicto social está relacionado con la distribución de la mano de obra: el consorcio reclama el 30% y Pachitea el 70%. Además, denuncian problemas como la falta de contratación de operadores y conductores, maltrato al personal obrero, exceso de horas de trabajo sin pago y discriminación hacia trabajadores locales.
Ante ello, se propone la instalación inmediata de una Mesa Técnica de Concertación, con participación de Provías Nacional, la empresa ejecutora, autoridades locales, representantes de trabajadores y sociedad civil, y la Defensoría del Pueblo como veedora, con el fin de garantizar la continuidad de esta obra de gran importancia para la provincia.
