La Contraloría General de la República detectó irregularidades y deficiencias en la ejecución del estadio municipal Julio de la Mata Ariza, ubicado en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, que generaron un perjuicio económico de S/ 639 309 a la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 032-2025-2-0399-AC (evaluado del 1 de marzo de 2022 al 24 diciembre de 2024) se revela que la obra valorizada en S/ 3.8 millones fue recepcionada en el año 2024; pese a que presentaba partidas no ejecutadas, trabajos inconclusos y componentes que incumplían con las especificaciones establecidas en el expediente técnico. Aun así, el proyecto fue puesto en funcionamiento.
Según el informe, uno de los principales problemas se evidencia en el campo de grass sintético, donde durante la temporada de lluvias se produce empozamiento de agua. Esto se debe a que no se instaló la base de relleno de grava seleccionada, tal como indicaban las especificaciones técnicas. En su lugar, se colocó arena limosa y piedras de distintos tamaños, material que no permite un drenaje adecuado.
Asimismo, señala que, en las tribunas de occidente y oriente, la empresa contratista no ejecutó la totalidad de la cobertura metálica prevista. Además, las correas metálicas que sostienen el techo son de dimensiones menores a las establecidas en los planos, lo que afectó la calidad de la obra y generó pagos indebidos a favor del contratista.
Respecto al cerco perimétrico, la Contraloría advirtió que la malla olímpica fue instalada con medidas distintas a las especificadas en los planos. También se constató que no se implementó un pozo a tierra para el sistema eléctrico de la tribuna de occidente, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
Pese a estas observaciones, el comité de recepción dio la conformidad a la obra y los funcionarios de la entidad autorizaron el pago total de los metrados contratados, así como la liquidación final del proyecto, aun cuando existían incumplimientos del contrato de obra.
El informe también revela que en la fase de contratación hubo irregularidades debido a que el comité de selección llevó adelante el proceso sin publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) los planos del expediente técnico. Además, se otorgó la buena pro a un postor que no cumplía con acreditar los 12 meses de vigencia de la línea de crédito y que se encontraba impedido para contratar con el Estado.
Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en cinco funcionarios públicos municipales y recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes.
