La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento destinado a beneficiar a 155 familias rurales de las localidades de Tingo Pampa y Chasqui, en la provincia de Yarowilca; obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Jacas Chico y que, pese a haber sido culminada en el 2023, nunca operó, generando un perjuicio social y económico de S/ 3.9 millones.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 028-2025-2-1725-AC (evaluado del 14 de octubre de 2020 al 14 de febrero de 2024) se reveló que el proyecto se recibió en junio de 2023 con partidas inconclusas y trabajos que no cumplían las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico.
A pesar de esas deficiencias, los funcionarios de la municipalidad no aplicaron penalidades y autorizaron el pago del 100 % de las valorizaciones y adicionales de obra al contratista.
El informe de Contraloría revela que en ambas localidades los sistemas de captación de agua presentan fugas, profundidad inadecuada y tubos instalados a una altura incorrecta, lo que impide una correcta filtración y almacenamiento del recurso hídrico, situación que se agrava durante las épocas de sequía. Además, no se instalaron los sistemas de filtrado contemplados en el expediente técnico.
El caudal de agua registrado de 0.030 litros por segundo resulta insuficiente para atender a la población, asimismo, el sistema de cloración no funciona, obligando a los pobladores a consumir agua sin tratamiento. Algunas familias incluso han retomado el uso de antiguas instalaciones con tuberías expuestas, agua sucia y presencia de hongos, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.
En cuanto al sistema de desagüe, la Contraloría advirtió que las tuberías de las cajas de registro fueron mal selladas, los biodigestores no están correctamente empalmados, los pozos percoladores y la red se encuentran colmatados, y existen fugas de agua en los reservorios de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), impidiendo su funcionamiento.
Estas deficiencias, sumadas a trabajos no ejecutados, ocasionaron que el proyecto no cumpla su finalidad pública, generando un perjuicio económico ascendente a S/ 3 910 504, monto que supera la inversión total del contrato de obra y los gastos de supervisión.
Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en funcionarios públicos de la municipalidad, recomendando a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes.
