Más de 1.000 empleados de Google firmaron una petición en la que solicitan a la compañía cancelar sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. La iniciativa, difundida esta semana, denuncia que la empresa tecnológica estaría contribuyendo con agencias vinculadas a políticas de represión y violencia contra migrantes.
En el documento, los trabajadores afirman que “Google es ahora un nodo prominente en una vergonzosa tradición de empresas privadas que lucran con la represión estatal violenta” y llaman a la comunidad interna de la compañía a exigir el fin de lo que califican como un “uso indigno” de su trabajo.
La petición fue organizada por el colectivo No Tech for Apartheid, integrado por empleados de Google y Amazon, que desde hace meses impulsa campañas contra la colaboración de grandes tecnológicas con agencias de seguridad y defensa. Los firmantes también reclaman mayor transparencia sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional utiliza los productos y servicios de la empresa, así como garantías de protección para los trabajadores más vulnerables.
Este pronunciamiento se suma a la creciente presión sobre las compañías tecnológicas para que se pronuncien frente a las políticas migratorias del gobierno estadounidense. En particular, ICE y CBP han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos debido a prácticas consideradas abusivas en la frontera y en los centros de detención.
La dirección de Google aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la petición, pero el debate interno refleja el choque entre los intereses comerciales de la empresa y las demandas éticas de sus trabajadores, en un contexto de creciente escrutinio público hacia el papel de las tecnológicas en temas de seguridad y migración.
