En el marco de su estrategia nacional contra la delincuencia y el crimen organizado, el Gobierno del presidente José Jerí aprobó el Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, que reglamenta la Ley N.° 32490 y establece medidas extraordinarias para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato. La norma fue publicada este lunes en el diario oficial El Peruano.
El objetivo central es fortalecer el marco legal para proteger a las empresas de transporte público y de mercancías, sectores duramente golpeados por organizaciones criminales, y garantizar la continuidad de un servicio esencial para la economía, el empleo y la movilidad de millones de peruanos.
Acciones integrales contra el crimen
El decreto dispone la implementación inmediata de acciones que abarcan prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica, consolidando una estrategia de Estado frente a la criminalidad.
Entre las principales medidas destacan:
- Prevención y control financiero: Se refuerza la supervisión de flujos vinculados a pagos extorsivos, bajo control de la SBS, la UIF y la Policía Nacional, con el fin de detectar y desarticular las redes económicas del crimen organizado.
- Inteligencia policial: Se elaborarán mapas delictivos georreferenciados para identificar zonas críticas y optimizar operativos preventivos y disuasivos.
Transporte seguro y tecnología
La norma faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos seguros, incorporando progresivamente tecnologías como cámaras de vigilancia y botones de pánico conectados a los sistemas de comando y control policial. Estas acciones buscan garantizar la seguridad de conductores, trabajadores y usuarios.
Respuesta policial y protección a víctimas
Se establece el despliegue de centros de comando y patrullaje focalizado, con unidades especializadas en extorsión y sicariato, articuladas a los sistemas de videovigilancia de los distintos niveles de gobierno.
Asimismo, se refuerzan los mecanismos de protección a las víctimas, que incluyen:
- Reserva de identidad.
- Canales de orientación.
- Botones de pánico.
- Patrullaje focalizado.
Persecución patrimonial y apoyo posterior
La norma contempla la creación de un fondo de recuperación económica para empresas afectadas, atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral. Además, se refuerza la extinción de dominio para golpear el patrimonio de las organizaciones criminales.
Se crea también un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, que articulará investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UIF.
Compromiso del Gobierno
Con esta medida, el presidente José Jerí reafirma el compromiso de su gestión de enfrentar con decisión y firmeza la criminalidad que amenaza la seguridad ciudadana, la economía y la tranquilidad de las familias peruanas.
La estrategia busca no solo combatir el delito en el corto plazo, sino también sentar las bases de un sistema de prevención y respuesta integral que garantice la resiliencia del país frente al crimen organizado.
