Hoy, a las 4:30 de la madrugada, a través de un comunicado oficial del Departamento de Justicia y la plataforma Truth Social, el Gobierno de los Estados Unidos confirmó la captura y extracción de Nicolás Maduro Moros y su cónyuge, Cilia Flores, tras una incursión de fuerzas especiales en territorio venezolano. La acción responde a una orden de aprehensión vigente por la presunta comisión del delito de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas de guerra en agravio de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El reporte al que este medio tuvo acceso indica que la investigación, radicada en el Distrito Sur de Nueva York, señala a Maduro como líder de una organización criminal que habría utilizado la estructura del Estado para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas. También están incluidos en el expediente altos mandos militares y figuras clave del entorno presidencial, responsables de coordinar rutas de transporte y brindar protección armada a cargamentos de droga.
Al narrar los hechos, la fiscalía estadounidense indica que, durante los últimos años, el gobierno de Maduro habría establecido un patrón sistemático de colaboración con grupos irregulares. Las operaciones fueron realizadas bajo esquemas que permitían el flujo de capitales ilícitos a través de entidades financieras internacionales, generando un daño estructural a la transparencia y seguridad de la región.
Según la acusación fiscal, las actividades delictivas estarían vinculadas a la exportación de toneladas de cocaína hacia suelo estadounidense. Por ejemplo, se menciona que mientras el valor de mercado y los protocolos internacionales exigen un control riguroso, el esquema liderado por Maduro permitía el tránsito libre de mercancía a cambio de beneficios económicos directos para la cúpula gobernante. El caso fue documentado mediante interceptaciones telefónicas, testimonios de cooperantes y pruebas materiales recolectadas por agencias de inteligencia.
“La detención no constituye un hecho aislado, sino que responde a un proceso judicial complejo coordinado para desarticular un esquema de delincuencia organizada transnacional”, dice parte del documento oficial emitido por la Fiscal General, Pam Bondi.
Asimismo, la estructura permitía mantener el control sobre los puertos y aeropuertos del país, facilitando procesos de salida de mercancía sin fiscalización, beneficiando indebidamente a carteles específicos. Estos grupos obtuvieron ventajas estratégicas mediante la protección del aparato estatal venezolano, vulnerando gravemente los principios de legalidad y los tratados internacionales de lucha contra el narcotráfico.
ACCIONES. La justicia estadounidense ha dispuesto con carácter urgente diversos actos de procesamiento, entre los que están: la comparecencia inmediata de Maduro ante un juez federal en Nueva York, la incautación de activos financieros vinculados a la red de narcoterrorismo y el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados durante la extracción en Caracas.
También está el requerimiento de información a entidades bancarias internacionales sobre cuentas vinculadas a la familia Flores-Maduro y la toma de declaración de oficiales capturados durante la operación que han solicitado acogerse a programas de protección de testigos. Sin embargo, en Caracas, la cúpula remanente del chavismo ha intentado deslegitimar las diligencias argumentando que se trata de un secuestro y no de un proceso judicial legal.
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Uno de los puntos clave del expediente judicial indica que la logística de seguridad de Maduro en el complejo de Fuerte Tiuna habría sido vulnerada desde el interior, permitiendo que la Fuerza Delta ejecutara la extracción sin enfrentar resistencia significativa de la guardia presidencial.
