El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional Huánuco concluyó que se cometieron irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – DRTC Huánuco”.
El hallazgo se encuentra en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 073-2025-2-5339, publicado en la web de la Contraloría General de la República y notificado el 18 de diciembre. El documento, de 249 páginas y 12 tomos con más de 7,000 folios, fue remitido al consejero delegado Ricardo Prado García, a la procuradora anticorrupción Krupskaia Beraún Aguirre y al gerente de Control Huánuco, Miguel Estrella Gil.
“Se utilizó el marco del estado de emergencia declarado mediante D.S. 072-2023-PCM para justificar la compra de vehículos y maquinarias a través de una adjudicación simplificada con reglas especiales regulado por el Decreto de Urgencia N° 032-2023, empleando para tal fin un expediente carente de sustento legal y técnico, aprobándose para ello un listado de bienes que contemplaba la intervención de distritos no declarados en emergencia, situaciones que permitieron llevar a cabo un proceso de contratación con irregularidades en la indagación de mercado, así como en la absolución de consultas y observaciones, que conllevaron a integrar las bases contemplando condiciones desfavorables para la entidad, afectando para su financiamiento el presupuesto y la continuidad de otras inversiones”, señala el informe.
Se detalla que en marzo de 2023 se generó la idea del proyecto en la DRTC Huánuco. Posteriormente, en abril del mismo año, se elaboró la propuesta y se contrató por 39 mil soles al formulador del perfil técnico, Víctor Ormeño de las Casas, quien el 5 de mayo de 2023 entregó un único documento con tres componentes: adquisición de 61 maquinarias y equipos por 72.4 millones de soles; creación de la Unidad de Capacitación, Operación y Mantenimiento por 33.6 millones; implementación del área de maestranza en una hectárea, con uso de 5,663.48 m², por 4.1 millones.
En el perfil técnico se observa que se plantea la intervención en vías vecinales, competencia de los municipios y no del gobierno regional.
Respecto al expediente técnico, se contrató a un consultor que propuso: adquisición de 72 maquinarias y equipos por 81.1 millones de soles; capacitación por 51,400 soles; y maestranza por 11.6 millones de soles.
Este expediente fue aprobado para ejecutarse mediante licitación pública. Sin embargo, se advierte que no incluyeron datos ni cálculos en la memoria de componentes, tales como: demanda poblacional, horas-máquina requeridas, déficit del pool de maquinaria, balance oferta-demanda, ni informes técnicos con panel fotográfico sobre maquinaria siniestrada. Posteriormente, esta información fue utilizada para sustentar la adquisición de vehículos y maquinarias en dos paquetes bajo el marco del Estado de Emergencia.
Asimismo, se precisa que, pese a la información proporcionada por los gobiernos locales, el Gobierno Regional Huánuco no realizó acciones de prevención con la maquinaria, lo que desvirtúa el nexo de causalidad entre la supuesta intervención extraordinaria y el objetivo de salvaguardar a la población.
En cuanto a los cuatro puntos críticos identificados por el Gobierno Regional para la atención con maquinaria en caso de emergencia, se señala que estos se encontraban en distritos no declarados en emergencia.
COTIZACIÓN. La indagación de mercado se realizó con empresas vinculadas entre sí, lo que incrementó artificialmente el valor estimado. Asimismo, las bases fueron integradas con observaciones que favorecieron al consorcio adjudicado. En octubre de 2023, la DRTC Huánuco ejecutó dos procedimientos de adjudicación simplificada, pese a que el Plan Anual de Contrataciones contemplaba una licitación pública.
PAGO IRREGULAR. En el detalle de la auditoría se precisa que se incumplió el primer entregable de 9 volquetes, lo que generó una penalidad de 2 717 925 soles, pese a que el máximo aplicable era de 1 052 100 soles. Respecto al segundo entregable, también de 9 volquetes, solo se dio conformidad a 6 unidades, mientras que los 3 restantes fueron observados y se notificó al proveedor para su reemplazo.
Ante la demora injustificada de 49 días, se impuso una penalidad de 2 291 240 soles; sin embargo, al superar el límite permitido, se aplicó nuevamente la penalidad máxima de 1 052 100 soles. En consecuencia, correspondía la resolución parcial del contrato, la cual se emitió el 22 de abril de 2024, por causal de acumulación de penalidades máximas.
Asimismo, se detalla que la DRTC efectuó pagos al proveedor Consorcio Soluciones de Infraestructura por 10 521 000 soles correspondientes a los 9 primeros volquetes, sin realizar la retención de la garantía (10% del contrato), pese a que la empresa no había depositado dicho monto al momento de la suscripción. Posteriormente, pagaron 7 014 000 soles por los 6 volquetes restantes, nuevamente sin aplicar la retención obligatoria.
RESPONSABLES. El informe identifica como presuntos responsables de las irregularidades, y sujetos de denuncias penales, a los siguientes funcionarios del Gobierno Regional Huánuco: Antonio Pulgar Lucas (gobernador), Juan Sívori Paredes Ríos (vicegobernador), Leslie Zevallos Quinteros (exgerente general), Cesar Bernardo Hilario (exgerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Regional), Jorge Raúl Oyarce Estrella (exgerente de Asesoría Jurídica), Aldo Reyes Viviano (exgerente de Desarrollo Social) y Daniel Mallqui Estacio (gerente de Infraestructura).
También a Gladys Visag Argandoña (exsubgerente de Presupuesto), Milayda Valderrama Ortega (exsubgerente de Programación Multianual de Inversiones), Camila Vergara Castillo (ingeniera civil), Ed Luis Flores Salas (evaluador de riesgos), Álvaro Campos Soto (economista), Wilcher Suarez Gonzales (subgerente de Inversión y Bienestar Social), Edwin Fernández Cotrina (exdirector de Abastecimiento).
En la DRTC: Luigui Vidal Veliz (ex y actual director regional), Luisiño Rosas Herrera (exdirector regional), José Llanos Arrieta (exdirector de Administración), Delfor Ávila Livia (exdirector de Asesoría Jurídica), Dorcas Inga Gómez (ex y actual directora de Caminos), Claudia Garay Correa (especialista en Adquisiciones), Carmen Carbajal García (encargada de Logística), Violeta Otayza Cruz (ingeniera de Caminos), Elliot Huanca Herrera (director de Administración), Leydy Leiva Yalico (directora de Planificación y Presupuesto), Juan José Meléndez Medina (experto independiente) y Anny Solorzano Trujillo (especialista en Presupuesto).
Finalmente, incluye como tercero partícipe a Carlos Potesta Valencia, representante común del Consorcio Soluciones de Infraestructura, integrado por Gruppo Ambientale S.A.C. (RUC 20608182153) y Máxima Internacional S.A. (RUC 20127745810).
