Por tercera vez fue postergada la audiencia de control de acusación del caso del parque Puelles concesionado por 70 años a la empresa Urbi Propiedades S.A. para la construcción del Real Plaza; en el que están involucrados 26 personas encabezadas por el exalcalde de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga.
Tras la acusación formulada por el fiscal Ivan Carrión Cabrera, luego de cuatro años que llevó la investigación, la primera fecha para la audiencia de control de acusación fue fijada para las 4:40 p.m. del 8 de noviembre del 2018.
La siguiente programación fue para el 4 de abril de este año, que también fue pospuesta. Esa vez, el abogado José Surichaqui, defensor de Jesús Giles, refirió que la audiencia fue postergada debido a falencias en la notificación a uno de los imputados; pero también fue porque no asistieron los abogados de algunos de los procesados.
La nueva fecha fue señalada para ayer a las 8:30 a.m., pero tampoco fue desarrollada y prorrogaron para el próximo 10 de junio. El argumento para la suspensión, fue que los abogados de los acusados Clever Castañeda y Emilio Ruiz no fueron debidamente notificados; además varios letrados que tienen la defensa de los acusados no asistieron y tampoco presentaron justificación alguna.
Si bien el juez anticorrupción que atiende el caso, Elmer Contreras, impuso multas a un grupo de abogados que no se presentaron y no justificaron, además, están advertidos de asistir obligatoriamente en la siguiente fecha; para el fiscal Carrión, se trata de maniobras dilatorias.
“Se impuso las multas respectivas a los abogados que no vinieron y que están generando maniobras dilatorias. Todos los abogados saben que cualquier inasistencia es con los apercibimientos porque esta audiencia es de carácter inaplazable”, manifestó Carrión.
LOS ACUSADOS
La acusación, como presuntos autores de la comisión del delito de negociación incompatibles, además de Giles, es contra los exfuncionarios municipales Emilio Ruiz Moncada, Vlamir Cruz Picón, Kevin Dueñas Carbajal, Franco Liyanaje Alva, Dante Salas Castro, Clever Castañeda Ramón, Edilberto Ramón Álvarez, Javier Dávila Figueroa, Tomislavo Zécevich Acosta, Napoleón Huere Rosas y Ivan Nuñez Barboza.
Además, están incluidos los exconcejales Clever Zevallos Fretel, Cecinio Rojas Salcedo, Gustavo Barrera Sulca, Ricardo Morales Rosales, Oscar Ortiz de Zevallos Triveño, Elena Patricia Follegate Runco, Jorge Pimentel y Wong, César Gonzáles Soto, Carlos Malpartida Márquez, Alicia Espinoza Rojas, Juan Ollague Rojas, Joel Arteaga Calixto y Cecilia Ríos Salazar.
También está incluido, el representante de Urbi Propiedades, Carlos Alberto Cosabonne Stoessel, como presunto cómplice primario.
Para los 26 implicados, el fiscal Iván Carrión planteó una pena de cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad, además de inhabilitación por dos años.
IMPUTACIÓN
Se atribuye a los acusados en su condición de alcalde, regidores, gerentes e integrantes del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada de la provincia de Huánuco (CEPRI), de haberse interesado indebidamente y de manera directa en el proceso desarrollado por la Municipalidad de Huánuco ante la iniciativa de inversión presentada por Urbi Propiedades, interés que se materializó con la emisión de los actos administrativos para favorecer a la empresa que ejecutó en el parque Puelles, el proyecto “Centro Comercial y de Esparcimiento Huánuco”, lo que es ahora el Real Plaza.
El documento fiscal señala que adjudicaron directamente la iniciativa privada sin realizar ninguna negociación previa respecto a las condiciones, sin que haya sido elaborado por el CEPRI, ni aprobado por acuerdo de Concejo; estableciéndose requisitos técnicos sin justificación en agravio de la comuna provincial y el Estado.
El fiscal sostiene que los acusados emitieron con pleno conocimiento todos los actos administrativos favorables, como el hecho de cambiar de uso al parque, para adjudicar directamente el proyecto de Urbi Propiedades, sin promover ninguna negociación de las condiciones.
