El Pleno del Congreso de la República no alcanzó la votación necesaria para aprobar la inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de presunta infracción constitucional. La medida requería 68 votos, pero solo obtuvo 44 a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, por lo que la denuncia fue remitida al archivo.
Durante la sesión, el exmandatario sostuvo que se le acusa de haber dado un golpe de Estado, algo que —según afirmó— el Poder Judicial ya determinó que “no existió”. En su lugar, se le atribuye la comisión del presunto delito de conspiración, por los hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2022.
“Ustedes hoy defenderán una aberración y una barbaridad jurídica, demostrarán con su voto que no querían que un hijo del pueblo, un representante de los desoídos, llegue a Palacio de Gobierno”, expresó Castillo ante el hemiciclo. También recordó que el 7 de diciembre de 2022 leyó un documento que, según él, reflejaba “el clamor del pueblo peruano”.
El abogado del expresidente, Carlos Torres Caro, advirtió que aprobar la inhabilitación habría significado una infracción constitucional, pues —según dijo— no se puede sancionar dos veces por los mismos hechos. Además, cuestionó la vacancia presidencial aprobada en 2022, señalando que se realizó sin defensa y sin las mayorías exigidas.
“Esa vacancia es nula, y cuando se construye derecho sobre la base de la violación del derecho, se incurre en una infracción constitucional”, agregó.
La sesión también incluyó las defensas de otros implicados. En el caso de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, su abogado Raúl Noblecilla intervino, aunque sus declaraciones generaron enfrentamientos con algunos congresistas. Debido a ello, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, ordenó su expulsión antes de que concluyera su participación.
Por su parte, el exministro del Interior, Willy Huerta, defendió su actuación y aseguró que no cometió delito alguno. Denunció que durante el proceso en su contra no se respetaron sus derechos fundamentales.
La votación refleja la división política en torno a la responsabilidad de Castillo y sus exfuncionarios en los hechos de diciembre de 2022. Con el archivo de la denuncia, el expresidente evita una sanción que lo habría dejado fuera de la función pública por una década, aunque los procesos judiciales en su contra continúan en curso.
