El Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles 3 de diciembre la inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema Delia Espinoza, impidiéndole ejercer cualquier cargo público durante ese periodo. La decisión fue adoptada con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, tras un debate intenso y varias reconsideraciones que finalmente consolidaron la sanción.
La resolución legislativa atribuye a Espinoza una infracción constitucional, al no aplicar la Ley N° 32130 que otorgaba a la Policía Nacional facultades para investigar delitos en la etapa preliminar. El Parlamento también dejó expedito el camino para que sea procesada por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
Tras conocerse la decisión, Espinoza rechazó la medida y aseguró que se trata de una represalia política contra su gestión como fiscal de la Nación. Señaló que la sanción vulnera su derecho al debido proceso y anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar lo que considera una persecución institucional.
La magistrada recordó que su actuación se enmarcó en la defensa de la autonomía del Ministerio Público y que las decisiones adoptadas durante su gestión buscaron fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. “No me someteré a presiones políticas. Defenderé mi nombre y mi trayectoria en los fueros internacionales”, expresó.
La sanción contra Espinoza ha generado división política y debate público. Mientras sectores del Congreso sostienen que la medida era necesaria para sancionar la supuesta infracción constitucional, diversos analistas y organizaciones civiles advierten que la decisión podría interpretarse como un intento de debilitar la independencia del Ministerio Público.
El caso se produce en un contexto de tensión entre el Congreso y el Ministerio Público, marcado por denuncias cruzadas y cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones. La inhabilitación de Espinoza se suma a una serie de decisiones parlamentarias que han afectado a altos funcionarios del sistema de justicia en los últimos años.
Con la sanción aprobada, Espinoza queda impedida de ejercer cargos públicos hasta el año 2035. Sin embargo, su anuncio de acudir a instancias internacionales abre un nuevo capítulo en el caso, que podría tener repercusiones en la relación del Perú con organismos de derechos humanos y en la percepción internacional sobre la independencia de su sistema judicial.
