El martes 2 de diciembre, el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, fue víctima de un ataque armado mientras conducía por el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete. De acuerdo con las primeras informaciones, el parabrisas del lado del conductor recibió tres impactos de bala, aunque el político salió ileso.
La denuncia fue realizada por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien calificó el hecho como un grave inicio de campaña y exhortó a rechazar la violencia en el contexto electoral. Cateriano advirtió que el ataque refleja el clima de inseguridad que atraviesa el país y pidió firmeza frente a la delincuencia.
Tras el atentado, Belaúnde Llosa acudió a la comisaría de Cerro Azul para interponer la denuncia y cumplir con los trámites legales.
La Policía Nacional del Perú (PNP) activó un plan cerco en la zona para dar con los responsables. El comandante Óscar Arriola señaló que no existen indicios de que el ataque esté vinculado a extorsión.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, condenó el atentado y llamó a rechazar cualquier forma de violencia electoral.
El alcalde de Cerro Azul, José Pain, anunció que pondrá a disposición las cámaras de videovigilancia para apoyar la investigación.
El ataque se produjo en un escenario de alta tensión política y social. Belaúnde Llosa, exministro de Energía y Minas, se encontraba en plena campaña cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Según testigos, se habrían efectuado hasta nueve disparos, de los cuales tres impactaron en el vehículo.
El hecho ha generado preocupación en diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes advierten que la violencia no puede convertirse en un instrumento dentro del proceso electoral. La investigación policial busca esclarecer si se trató de un atentado con motivaciones políticas o de un acto de delincuencia común.
