La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Educación, detectó diversas irregularidades en la obra “Ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa N° 32386 Daniel Fonseca Tarazona”, ubicada en el distrito de Llata, provincia de Huamalíes.
La edificación es financiada bajo la modalidad de obras por impuestos, tras el convenio entre el Minedu a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y la Compañía Minera Antamina.
El Informe de Hito de Control N° 37-2025-OCI/0190-SCC, publicado el 25 de noviembre, recoge los resultados de la visita de verificación realizada entre el 12 y 14 de noviembre de 2025. Entre los principales hallazgos figuran:
Retrasos en la instalación de equipamiento y mobiliario: gran parte del mobiliario permanece sin desembalar y no ha sido valorizado. El 15 % aún no ha ingresado a la obra, lo que podría aplazar la entrega y uso de la infraestructura educativa.
Falta de puertas cortafuego en ambientes de alto riesgo: solo el área de comunicaciones cuenta con este sistema de seguridad, mientras que espacios como el cuarto de basura, bomba hidroneumática, grupo electrógeno y subestación carecen de la protección requerida, lo que representa un riesgo para docentes y estudiantes.
Deficiencias en la supervisión de obra: se aprobaron metrados con porcentajes menores a los realmente ejecutados, generando valorizaciones negativas por S/ 55,406.45. Esta situación contradice las obligaciones del supervisor y podría derivar en penalidades.
Ausencia del ingeniero supervisor: durante la inspección se constató que el responsable, Jaime Julio Yurivilca Montes, no se encontraba presente, pese a que su permanencia debe ser del 100 % durante la ejecución del proyecto.
El informe precisa que el avance físico de la obra alcanza el 86.11 %, aunque según el cronograma debería estar concluida al 100 %.
La Contraloría advirtió que estas observaciones ponen en riesgo la correcta ejecución del proyecto y podrían afectar directamente a la población estudiantil beneficiaria, que aún espera contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus clases.
