En una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expuso un paquete de 14 iniciativas destinadas a enfrentar la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana. Entre las principales medidas figura la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
El titular del sector, Walter Martínez Laura, sostuvo que la actual estructura del INPE se encuentra desfasada frente a la dinámica delictiva contemporánea. “La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y a modernizar nuestras herramientas legales”, afirmó durante su exposición.
La Sunir tendrá como objetivo consolidar una organización moderna y especializada que fortalezca la seguridad y el tratamiento penitenciario, además de reducir la reincidencia delictiva. Asimismo, se plantearon modificaciones al Código de Ejecución Penal, como la creación de una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial, sin posibilidad de progresión para internos de alta peligrosidad, y la restricción de beneficios penitenciarios en delitos graves como extorsión y homicidio calificado.
El ministerio propuso tipificar como delito agravado el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, dirigido a sancionar la instalación o financiamiento de redes clandestinas dentro de los penales. En cuanto a la extorsión, se planteó regular la inteligencia criminal como fase preprocesal, incluir este delito en el catálogo que permite levantar el secreto de las comunicaciones en 24 horas y autorizar la revisión inmediata de equipos electrónicos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro.
También se sugirió reducir de tres años a uno el plazo para la destrucción de armas incautadas, bajo supervisión del Ministerio Público, con el fin de evitar su retorno al mercado ilegal.
Otra de las propuestas es la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), conformado por fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas. Además, se busca que los juzgados de justicia juvenil funcionen de manera unipersonal para agilizar los procesos.
Martínez advirtió que el incremento de delitos como extorsión y sicariato exige operaciones policiales sin interferencias. Por ello, se planteó incorporar el artículo 26-A en la Ley N° 31061, con el objetivo de evitar actos invasivos durante las intervenciones de la Policía Nacional en estados de emergencia.
Finalmente, el Ejecutivo propone la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep), que permitirá mejorar la calidad del servicio y garantizar un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza. Con ello, se busca ampliar el acceso de miles de ciudadanos a servicios legales básicos y fortalecer la defensa pública en el país.
