El Ejecutivo aprobó disposiciones adicionales a la norma que sanciona la activación ilegal de servicios móviles y la posesión de SIM cards obtenidas de manera ilícita, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad y las activaciones fraudulentas de líneas telefónicas.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó que la medida refuerza la acción del Estado frente a las mafias que utilizan los servicios móviles como instrumentos para extorsiones y otros delitos. “Con esta norma cerramos espacios a la ilegalidad por la seguridad de los ciudadanos”, puntualizó.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 128-2025-PCM y establece que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) deberá brindar acceso en línea a la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre la información de los procesos de comercialización, contratación y activación de servicios móviles reportados por las empresas operadoras. Esto permitirá identificar a quienes participan en la cadena de venta o activación de chips.
Asimismo, se precisa que las municipalidades distritales deberán informar al Osiptel, la PNP y el Ministerio Público sobre los puntos de comercio ambulatorio de servicios móviles detectados en sus jurisdicciones, a fin de que se adopten las medidas necesarias dentro de sus competencias.
La Presidencia del Consejo de Ministros remarcó que “con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra las redes criminales que operan mediante el uso ilegal de chips telefónicos”.
