Tras casi dos meses de espera, la 4ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a través del Primer Despacho de Investigación, ha respondido a la denuncia penal interpuesta por el Colegio de Abogados de Huánuco contra Provías Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el abandono del mantenimiento de la Carretera Central, según dio a conocer el decano de la referida corporación, Hernán Cajusol Chepe.
Mediante la Disposición Fiscal N° 01, se ha ordenado el inicio de una investigación preliminar en sede policial contra el director ejecutivo de Provías Nacional, David Fernando Mayorga Lizárraga, y otros funcionarios que resulten responsables.
La denuncia se basa en la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado.
El documento fiscal considera que el tramo de la red vial nacional comprendido entre Chicrín en Pasco y Tingo María en Huánuco presenta un abandono evidente en su mantenimiento desde hace varios años. Según la denuncia han constatado el deterioro de la capa asfáltica, con sectores completamente intransitables y de alto riesgo para los usuarios.
Esta situación en el que se encuentra el tramo vial no solo afecta al transporte, sino también a sectores clave como el turismo, impactando negativamente en el desarrollo económico de Huánuco y de regiones vecinas como San Martín y Ucayali.
Aunque la disposición no precisa las fechas de las diligencias, Cajusol Chepe expresó su expectativa de que se convoque pronto a las partes involucradas para ratificar los términos de la denuncia y tomar las declaraciones de los funcionarios de Provías Nacional en la sede central.
El decano del Colegio de Abogados sostuvo que existen elementos suficientes para que la Fiscalía formule una acusación formal, dado que el abandono de la vía constituye una infracción clara a la declaratoria de emergencia publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de julio de 2025.
El representante afirmó que cualquier intervención posterior no exime a los funcionarios de la responsabilidad penal por el incumplimiento de sus funciones.
La investigación fiscal representa un paso importante en la exigencia de responsabilidades por el deterioro de una vía estratégica para la conectividad y el desarrollo regional, y podría sentar un precedente en la lucha contra la negligencia en la gestión pública de infraestructura vial.
