La congresista Lucinda Vásquez, integrante de la bancada Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–Bloque Magisterial, se encuentra en el centro de una polémica tras la difusión de imágenes que evidenciarían presuntos actos irregulares cometidos por tres trabajadores de su despacho, quienes habrían realizado tareas personales para la parlamentaria en horario laboral.
Según un reportaje del programa Cuarto Poder, uno de los involucrados es Edwar Rengifo Pezo, asesor y sobrino nieto de Vásquez, quien fue captado en una fotografía cortándole las uñas de los pies a la congresista mientras ella descansaba en un sofá. La imagen, tomada el 6 de noviembre de 2024 en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso, muestra al trabajador portando su carné institucional, lo que confirma que se encontraba en funciones oficiales.
Además, otros dos trabajadores del despacho habrían sido vistos preparando alimentos para la parlamentaria, también durante el horario de trabajo. Estas acciones, según expertos consultados por el medio, podrían configurar un presunto delito de peculado, al implicar el uso de recursos humanos del Estado para fines personales.
La congresista Vásquez, representante por la región San Martín, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre las denuncias. Sin embargo, el caso ha generado indignación en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre el uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios del Congreso.
Diversas voces del ámbito político y ciudadano han exigido que se inicie una investigación inmediata desde la Comisión de Ética Parlamentaria, a fin de esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones. La situación también ha puesto en tela de juicio los mecanismos de control interno del Parlamento respecto al desempeño del personal contratado por los legisladores.
Este nuevo escándalo se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre el comportamiento de algunos congresistas y sus equipos, lo que ha incrementado la presión sobre el Congreso para adoptar medidas más estrictas de fiscalización y transparencia.
