El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones financieras contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una decisión que marca un punto crítico en las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá. La medida fue oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó a Petro en su lista de personas vinculadas al narcotráfico internacional, bloqueando sus activos y propiedades en territorio estadounidense.
La sanción también alcanza a miembros cercanos del entorno presidencial, como la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior Armando Benedetti. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, desde la llegada de Petro al poder, la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles históricos, lo que ha contribuido al aumento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump respaldó la medida, acusando públicamente a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y responsabilizándolo por el incremento del flujo de estupefacientes hacia territorio norteamericano. Esta declaración se suma a una serie de tensiones previas entre ambos mandatarios, en medio de un contexto de creciente fricción diplomática.
Ante la decisión, Gustavo Petro reaccionó. A través de sus redes sociales, calificó la sanción como “una arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y anunció que ha contratado a un abogado estadounidense para iniciar acciones legales contra la medida. “He luchado contra el narcotráfico durante décadas, y ahora me sancionan por combatirlo. Es una injusticia que no quedará impune”, expresó el mandatario colombiano.
La inclusión de Colombia en la misma categoría que países como Venezuela, Bolivia y Myanmar, según la clasificación de la OFAC, representa un deterioro significativo en la percepción estadounidense sobre la gestión de Petro en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico
