El pleno del Congreso de la República aprobó este jueves un dictamen que establece medidas extraordinarias para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías, consideradas servicios esenciales y estratégicos para la movilidad social, el empleo y la economía nacional.
La iniciativa fue respaldada por 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, y fue exonerada de una segunda votación. La norma, de autoría del actual presidente de la República, José Jerí, fue dictaminada por las comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, así como por la Comisión de Transportes y Comunicaciones.
El texto legal fue consensuado con diversas instituciones, entre ellas los ministerios del Interior, Transportes y Comunicaciones, Justicia, Economía y Finanzas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y los gremios de transportistas.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Karol Paredes, sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de una acción excepcional del Estado frente a un fenómeno criminal estructural y organizado. “Las extorsiones y sicariatos en el transporte público afectan no solo la economía popular, sino también el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la vida”, afirmó.
Entre las principales medidas que contempla la norma se encuentran:
- La creación de un registro nacional de empresas de transporte vulnerables.
- La intervención temporal de rutas y concesiones bajo riesgo delictivo.
- El intercambio de información entre la Sunat, la SBS y la Policía Nacional para detectar lavado de activos.
- La supervisión especial de terminales por parte del Ministerio del Interior.
- La coordinación de fiscalías especializadas en crimen organizado para casos vinculados.
Paredes aclaró que estas medidas no sustituyen el marco penal ordinario, sino que lo fortalecen mediante herramientas de inteligencia operativa y una mayor articulación interinstitucional.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori, destacó que el dictamen responde a los compromisos asumidos en las siete mesas de trabajo realizadas con representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y los gremios de transportistas. “Con la aprobación de esta norma se cumplirá plenamente lo acordado el 2 de octubre”, señaló.
Mori informó que el dictamen documenta más de 128 víctimas de atentados entre agosto de 2024 y octubre de 2025, de las cuales 65 fallecieron en Lima y Callao. En ese sentido, subrayó que la norma permitirá enfrentar la criminalidad organizada en el sector transporte mediante acciones preventivas, financieras y operativas coordinadas entre diversas entidades del Estado.
La aprobación de esta norma representa un paso importante en la lucha contra la violencia que afecta al transporte público y de mercancías, y busca garantizar la seguridad de los trabajadores del sector y de los ciudadanos en general.
