El Gobierno Regional de Huánuco anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra desbordes de agua en el centro poblado urbano de Llicua, margen derecha e izquierda de la quebrada Agoragra”, ubicada en el distrito de Amarilis.
La decisión fue comunicada por los gerentes de Infraestructura, Asesoría Legal y la Gerencia General, quienes atribuyeron la paralización al bloqueo de la carretera de acceso al Depósito de Materiales Excedentes (DME), por parte de dirigentes de la comunidad campesina de Llicua Alta.
Daniel Mallqui, gerente de Infraestructura, y José Jesús Medina Vargas, subgerente de Gestión de Obras y Supervisión, explicaron que el cierre de la vía impide el traslado de los materiales acumulados en los taludes de la quebrada, que ya suman cerca de 10 mil metros cúbicos. Esta situación representa un riesgo para los pobladores de las zonas bajas de Llicua, especialmente ante el inicio de la temporada de lluvias, que podría generar desbordes y daños materiales.
Medina Vargas advirtió que la acumulación de material y la exposición de componentes en ejecución podrían generar un perjuicio económico al proyecto. Por ello, se ha notificado a los dirigentes comunales y al Ministerio Público, que exhortó a ambas partes a encontrar una solución.
Asimismo, coordinan con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y la Municipalidad de Amarilis para habilitar un nuevo DME, aunque este proceso podría tardar entre tres y cuatro meses debido a los trámites requeridos ante el Ministerio del Ambiente.
Por su parte, el gerente de Asesoría Legal, Germán Bedoya Gómez, señaló que el bloqueo constituye un incumplimiento de los acuerdos establecidos en el acta de entendimiento, lo que podría generar consecuencias negativas para la población de Llicua Baja. En ese sentido, hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para intervenir en el conflicto.
Finalmente, el gerente general, Ronald Acuña Sobrados, afirmó que la responsabilidad de la suspensión recae en los comuneros que impiden el acceso al DME, y que las consecuencias de esta medida deben ser asumidas por quienes la promovieron.
