Por: Joyce Meyzán Caldas*
A propósito de la crisis política sucediendo en el país, marcada por la creciente inseguridad ciudadana y la reciente vacancia de la presidenta, seguida del reemplazo por un nuevo presidente constitucional, es imposible ignorar la profunda herida que estos constantes sismos institucionales infligen en el corazón del país. Y no hay corazón más vital y vulnerable que nuestra educación universitaria.
Perú vive en un estado de desasosiego permanente. La ciudadanía siente que el Estado se enfoca en pelear por el poder en lugar de solucionar problemas reales, como la imparable inseguridad. Todo esto no es abstracto: tiene un impacto directo en el bolsillo de las familias, en la moral de los docentes y, por ende, en la capacidad de los jóvenes para costear y continuar sus estudios. El caos político, la fragilidad institucional y la inseguridad ciudadana no son problemas paralelos; son un círculo vicioso que amenaza con devorar el progreso educativo que tanto ha costado construir.
Los efectos de esta inestabilidad en la educación universitaria se sienten en tres niveles: el económico, el institucional y el social.
En el nivel económico, las vacancias presidenciales y los constantes cambios ministeriales significan, en la práctica, la paralización o reorientación de políticas públicas. Las universidades públicas, que dependen del presupuesto estatal, quedan a merced de la discrecionalidad del nuevo gobierno. Se posponen inversiones cruciales en infraestructura, equipamiento de laboratorios y proyectos de investigación que no tienen la «rentabilidad política» inmediata. En el lado privado, la inestabilidad política tiene una conexión directa con el empleo y el poder adquisitivo de las familias. Especialistas en economía advierten que la menor confianza reduce las inversiones y frena la creación de empleo formal. Además, si el dólar sube por la incertidumbre, los precios de alimentos y combustibles también lo hacen. Esto reduce drásticamente el poder adquisitivo de los hogares, obligando a muchos a tomar decisiones dolorosas. El efecto inmediato es el abandono de los estudios. Si el padre o la madre pierden el empleo o si los costos de vida se disparan, la matrícula universitaria es el primer gasto que se recorta, creando un vacío que hipoteca el futuro de miles de jóvenes.
El segundo gran problema es el daño institucional, evidenciado por el asalto recurrente a la Reforma Universitaria. La inestabilidad del Ejecutivo y la constante tensión con el Legislativo crean el caldo de cultivo ideal para que los grupos con intereses creados intenten desmantelar o debilitar a la SUNEDU. Este es, quizás, el daño más grave al futuro. Si se permite la entrada de iniciativas legislativas «antitécnicas» —como la creación de universidades sin presupuesto ni planificación— o se debilita al ente fiscalizador, estamos entregando a toda una generación un cartón sin el respaldo de una educación de verdad, sin la posibilidad de competir en un mundo cada vez más exigente. La lucha por la calidad no es una disputa política; es la defensa del valor real del título universitario de nuestros jóvenes.
Finalmente, el deterioro social se manifiesta en el imparable crecimiento de la inseguridad. La creciente percepción de que las instituciones encargadas de luchar contra el crimen han perdido efectividad es altísima. El miedo al sicariato y la extorsión obliga a universidades a restringir horarios de clase, suspender actividades nocturnas o cerrar accesos, limitando el uso de bibliotecas y laboratorios, especialmente en las universidades públicas que suelen estar en zonas de alto riesgo. Pero hay casos aún más aterradores: la extorsión a docentes y autoridades universitarias, a veces por parte de alumnos que contratan a criminales para modificar notas, demuestra que la falta de orden en la esfera política se ha filtrado a la esfera ética y académica.
Si no hay un cambio inmediato, el futuro será sombrío. La inestabilidad actual impulsa a los mejores talentos del Perú —estudiantes, docentes e investigadores— a emigrar en busca de entornos más seguros, provocando una fuga de talentos que empobrecerá el sistema académico y limitará la capacidad del país para innovar y resolver sus propios problemas. Los estudiantes, desalentados por la pérdida de valor de sus títulos y la falta de oportunidades en un mercado paralizado, podrían optar por migrar o caer en la informalidad. Para evitarlo, el nuevo gobierno debe comprometerse con una política de Estado que priorice la estabilidad, la inversión sostenida y una visión de largo plazo para proteger y fortalecer la educación superior.
Lo que nuestros gobernantes deben hacer asegurar la continuidad y el fortalecimiento de SUNEDU, resistiendo la presión del Congreso y garantizando que la Reforma Universitaria no sea revertida. Esto implica no solo defender a la institución, sino también aumentar el presupuesto para que las universidades públicas licenciadas puedan invertir y alcanzar la excelencia, dejando de lado la tentación populista de crear nuevas universidades sin sustento.
El Perú necesita una estrategia integral y sostenida contra la inseguridad ciudadana, priorizando la lucha contra el crimen organizado, la extorsión y el sicariato, así como la recuperación de la confianza en la Policía y el sistema de justicia. Un entorno seguro permite que los estudiantes asistan a clases sin miedo, mientras que un presupuesto estable para ciencia e investigación fortalece la economía. La universidad peruana es clave para salir de la crisis, pero si no se la protege del ruido político, la corrupción y la inestabilidad normativa, se condenará a una generación a un futuro con menos oportunidades. Recuperar la gobernabilidad exige invertir con visión en quienes construirán el futuro del país: sus estudiantes.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzn
