Por: Joyce Meyzán Caldas*
Los nombres de las víctimas mencionadas en este artículo son ficticios para proteger sus identidades.
En noviembre de 2021, “Carmen”, estudiante de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, denunció a un docente por enviarle mensajes sexuales y buscar encuentros con insistencia fuera del aula. Su denuncia permaneció archivada hasta agosto de 2023, casi dos años después, mientras el profesor continuaba dictando clases sin restricción alguna. Solo cuando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) impuso sanciones administrativas, la universidad actuó. Para entonces, el daño emocional y académico ya estaba consumado. Esta historia no es un caso aislado, sino parte de una crisis silenciosa que corroe la vida universitaria en el Perú. Entre 2020 y 2023, según cifras de SUNEDU, las universidades del país registraron 385 denuncias de hostigamiento sexual en 58 instituciones. Aunque alarmantes, estas cifras apenas representan la superficie de un problema mucho más grande, pues recogen solo los casos que lograron formalizarse dentro de los protocolos internos. La Pontificia Universidad Católica del Perú encabeza la lista con 63 denuncias, seguida por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con 43, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 25, la Universidad Privada del Norte con 24 y la Universidad de Piura con 22. Lo más revelador es que en la mayoría de casos los agresores eran docentes, no estudiantes, lo que pone en evidencia una peligrosa relación de poder que convierte el espacio académico en terreno de caza para quienes abusan de su autoridad.
María, otra víctima cuyo nombre también es ficticio, recuerda con claridad el día en que un profesor la citó para “asesorarla” en su tesis. La supuesta tutoría se transformó en insinuaciones y tocamientos que ella rechazó, pero el miedo a desaprobar la asignatura la mantuvo en silencio durante meses. Cuando finalmente denunció, el docente fue destituido, pero el desgaste fue tan profundo que María tuvo que interrumpir un semestre de estudios. Estas historias se repiten bajo un mismo patrón: abandono institucional, burocracia que demora, procesos que se prolongan y víctimas que, en medio de la espera, pierden confianza, motivación y salud emocional. La Ley N.° 27942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual obliga a todas las universidades a implementar protocolos internos, pero la brecha entre la norma y la realidad sigue siendo abismal. Entre 2020 y 2024, SUNEDU sancionó a 18 universidades por incumplir la ley, imponiendo multas que van desde los 16,745 hasta los 197,800 soles. Sin embargo, los castigos económicos llegan tarde y cuando el daño ya está hecho. Un caso emblemático es el de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, multada con 29,900 soles por no determinar responsabilidades en la denuncia contra un docente presentado en julio de 2018. Cinco años después, ¿qué significa esa multa para la víctima?
El costo humano de estas omisiones es devastador. Daniela, estudiante de Ciencias Sociales en provincia, denunció en 2020 a un profesor que condicionaba buenas notas a favores sexuales. El proceso demoró más de un año en iniciarse y, mientras tanto, ella se retiró de cursos para evitar al agresor, perdió rendimiento académico y terminó aislada de su entorno. Cuando la sanción llegó, fue mínima, pero su confianza y su estabilidad ya estaban quebradas. Aunque los reportes oficiales indican que la mayoría de víctimas son mujeres mayores de edad, los Centros de Emergencia Mujer advierten que también existen casos en estudiantes menores de 18 años, sobre todo en programas preuniversitarios, lo que demuestra que el problema no distingue edades y que el espacio universitario, que debería ser seguro para el desarrollo académico, se convierte en un entorno de riesgo.
Ante esta situación, los colectivos estudiantiles han jugado un papel fundamental. Han abierto campañas en redes sociales para compartir testimonios anónimos, visibilizando una problemática que muchas veces se intenta silenciar. Estas iniciativas generan redes de apoyo, aumentan la conciencia sobre los derechos estudiantiles y presionan a las autoridades para revisar protocolos. Aun así, las respuestas institucionales siguen siendo desalentadoras.
Transformar esta realidad requiere medidas urgentes y concretas: protocolos difundidos desde el ingreso, oficinas especializadas con personal capacitado y perspectiva de género, asistencia psicológica inmediata para las víctimas, suspensión preventiva de docentes denunciados mientras dura la investigación y sanciones ejemplares no solo para los agresores, sino también para las autoridades que incumplen la ley. Es indispensable, además, que los estudiantes participen activamente en la elaboración y supervisión de reglamentos internos.
El hostigamiento sexual en las universidades no es un problema aislado, sino un síntoma de las relaciones de poder profundamente desiguales que persisten en nuestras instituciones educativas. Si las universidades no pueden garantizar un entorno seguro, ¿cómo esperar que formen ciudadanos críticos, valientes y libres? Las aulas deberían ser espacios de aprendizaje y crecimiento, pero mientras historias como las de Carmen, María y Daniela se repitan en silencio, el aula seguirá siendo para muchas un territorio de miedo. La generación que hoy alza la voz exige que las universidades cambien esta cultura de impunidad. Escuchar, proteger y actuar con transparencia es la lección más importante que deben aprender. Solo así la universidad podrá ser, nuevamente, un lugar donde nadie tenga que elegir entre su integridad y su educación.
*Comunicadora, docente universitaria y periodista digital.
@joycemeyzn
