Las protestas indígenas en Ecuador se intensificaron desde el 22 de septiembre de 2025, tras la convocatoria de un paro nacional por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La movilización responde principalmente a la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa, lo que ha generado un alza del 56% en el precio del combustible, afectando gravemente a comunidades rurales, campesinas y sectores populares.
Las manifestaciones se han extendido por al menos 22 provincias, incluyendo Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Pastaza. Los participantes han bloqueado carreteras, realizado marchas y ocupado espacios públicos, exigiendo también mejoras en salud, educación y respeto a los territorios indígenas. Las siete nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana se sumaron al levantamiento, denunciando el impacto de las reformas económicas y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno respondió con la declaración de estado de excepción en varias provincias, la suspensión de la señal del canal comunitario TV MICC, y el bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones indígenas como la Conaie y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), lo que fue calificado por los líderes indígenas como actos de censura y persecución política.
Hasta el momento, se han reportado más de 60 detenidos, entre ellos ciudadanos extranjeros, y varios enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. El presidente Noboa ha acusado a la banda criminal Tren de Aragua de financiar las protestas, lo que ha sido rechazado por los líderes indígenas, quienes denuncian una estrategia de criminalización de la protesta social.
Las organizaciones movilizadas han reiterado que mantendrán las acciones hasta obtener respuestas concretas del Gobierno, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y sectores vulnerables del país.
