La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el archivo de dos denuncias constitucionales de alto impacto político: una contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros de Estado por las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y otra contra el exministro de Salud, Óscar Ugarte, por la vacunación del expresidente Martín Vizcarra contra la COVID-19.
Con 12 votos a favor y 10 en contra, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue ratificado, concluyendo que no existen elementos probatorios suficientes para continuar con las investigaciones. La denuncia contra Boluarte, presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, acusaba a la mandataria y a sus exministros de homicidio calificado, lesiones graves y leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual.
El informe también exoneró de responsabilidad penal a los exministros Pedro Angulo (Presidencia del Consejo de Ministros), Alberto Otárola (Defensa), César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero (Interior), así como a Jorge Chávez Cresta (Defensa), quienes fueron incluidos en la denuncia por su rol durante las manifestaciones que dejaron más de 40 fallecidos y cientos de heridos en diversas regiones del país.
En paralelo, la Comisión Permanente archivó la denuncia contra el exministro Óscar Ugarte, quien fue acusado de permitir que el expresidente Martín Vizcarra recibiera una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Según el informe, no se pudo acreditar que Ugarte tuviera la autoridad para impedir dicha vacunación, por lo que no se configuró infracción constitucional.
La presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, sostuvo que “no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”. Sin embargo, congresistas de oposición como Ruth Luque, Flavio Cruz y Wilson Quispe cuestionaron duramente el informe, calificándolo como un intento de blindaje político y una negación del derecho a la justicia para las víctimas.
Ambas decisiones han generado controversia en el ámbito político y social, reavivando el debate sobre la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos durante las protestas y el manejo de la vacunación en el contexto de la pandemia.
