El Gobierno peruano ha abierto formalmente el debate sobre una eventual salida del Pacto de San José de Costa Rica, tratado que sustenta la pertenencia del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La medida se analiza tras el reciente enfrentamiento con este tribunal por la ley de amnistía aprobada para militares y policías implicados en delitos durante el conflicto armado interno.
Durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, defendió la norma como una decisión soberana del Congreso y anunció que el Ejecutivo “seguirá evaluando” la permanencia del Perú en el sistema interamericano. La Corte IDH había ordenado al Estado no aplicar la amnistía, al considerar que podría vulnerar el derecho de las víctimas a la justicia.
El presidente del Congreso, José Jerí, expresó públicamente su respaldo a la idea de retirarse de la Corte IDH, argumentando que no se deben inaplicar leyes aprobadas por el Parlamento dentro de su autonomía legislativa.
Según el canciller Elmer Schialer, el proceso de evaluación se realizará “a marcha forzada” y contará con una comisión mixta integrada por representantes del Ministerio de Justicia y la Cancillería. El Ejecutivo sostiene que la Corte IDH interfiere en la soberanía nacional, especialmente en materias de seguridad y administración de justicia.
Especialistas en derechos humanos advierten que una eventual denuncia del Pacto de San José podría dejar a la ciudadanía sin acceso a instancias internacionales cuando el sistema judicial interno falle, además de generar sanciones y aislar al país en foros multilaterales. La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en contra, calificando la propuesta de “populista” y recordando que la pertenencia al sistema interamericano ha sido clave para garantizar justicia en casos de violaciones graves5.
La decisión final podría marcar un giro profundo en la política exterior peruana y en su compromiso con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, en un contexto de alta tensión política interna y cuestionamientos a la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
El Perú es parte del Pacto de San José de Costa Rica —nombre común de la Convención Americana sobre Derechos Humanos— desde 1978.
El tratado fue adoptado en 1969 y el Estado peruano lo ratificó mediante el Decreto Ley N.° 22231, publicado el 12 de julio de 1978. Desde entonces, el país reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se somete a sus resoluciones en materia de protección de derechos fundamentales.
¿Qué pasaría si Perú se retira del Pacto de San José?
Si Perú decidiera retirarse del Pacto de San José de Costa Rica —también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos— las consecuencias serían profundas y controversiales, tanto a nivel jurídico como político.
El pacto es un tratado internacional que garantiza derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal, el debido proceso y la libertad de expresión. Además, permite que los ciudadanos de los países firmantes puedan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando sus sistemas judiciales internos no les brindan justicia.
- Pérdida de acceso a justicia internacional: Las víctimas de violaciones de derechos humanos ya no podrían acudir a la Corte IDH cuando el sistema judicial peruano falle.
- Debilitamiento de garantías constitucionales: Se perdería un marco supranacional que refuerza el respeto a los derechos humanos en el país.
- Aislamiento internacional: Perú podría enfrentar sanciones diplomáticas y perder respaldo en tratados de cooperación, extradición y lucha contra la corrupción.
- Impacto en tratados multilaterales: La salida podría afectar la participación de Perú en otros acuerdos internacionales vinculados a derechos humanos.
- No es inmediato: El retiro no tendría efecto inmediato. Según expertos, debe pasar al menos un año desde la denuncia del tratado para que se haga efectiva.
Opiniones encontradas
| Perspectiva | Opinión |
|---|---|
| Juristas y defensores de DD.HH. | Rechazan la propuesta. Señalan que el pacto es esencial para proteger a los ciudadanos frente a abusos del Estado. |
| Políticos conservadores | Algunos sectores, como Renovación Popular y Fuerza Popular, promueven el retiro como parte de una agenda de “mano dura” frente a la inseguridad y para permitir la pena de muerte. |
| Expertos en relaciones internacionales | Advierten que el retiro dañaría la imagen del país y lo dejaría vulnerable ante críticas por violaciones de derechos humanos. |
¿Y la pena de muerte?
Muchos de los llamados a retirarse del pacto están ligados al deseo de implementar la pena de muerte para delitos graves. Sin embargo, estudios han demostrado que esta medida no reduce significativamente la criminalidad. Además, modificar el Código Penal para incluirla requeriría una reforma constitucional y un proceso legislativo complejo.
En resumen, salir del Pacto de San José no solo implicaría renunciar a una herramienta de protección ciudadana, sino también aislar al país de un sistema internacional que refuerza el Estado de derecho. Como dijo la abogada penalista Yuri Martínez: “No se trata solo de la pena de muerte, sino de renunciar a un sistema de garantías para la ciudadanía”.
