El Congreso de la República ha generado controversia tras contratar, sin proceso de licitación, un seguro médico privado por un monto superior a S/ 9.5 millones para el periodo 2025–2026, según reveló un reportaje del programa Panorama. El contrato fue adjudicado directamente a la aseguradora Rímac Seguros, y beneficia no solo a los 130 congresistas, sino también a sus esposas, hijos y padres, sin costo adicional.
El plan de salud, considerado “premium”, incluye atención en las clínicas más exclusivas del país —como la Angloamericana, San Felipe y Delgado Auna—, además de segundas opiniones médicas en el extranjero, con cobertura de hasta 35 mil dólares por persona. Cada congresista cuenta con una prima mensual de S/ 2,500, lo que representa un gasto anual superior a S/ 30,000 por beneficiario.
La contratación se realizó en un contexto de crisis en el sistema público de salud, donde miles de ciudadanos enfrentan largas colas, desabastecimiento de medicinas y falta de especialistas. Diversos expertos en derecho y lucha anticorrupción han cuestionado la medida, calificándola como un ejemplo de los privilegios desproporcionados que mantiene el Poder Legislativo frente a una ciudadanía cada vez más golpeada por la precariedad.
Consultados por la prensa, varios congresistas evitaron asumir responsabilidad. El parlamentario Guido Bellido señaló que “los congresistas no vemos ese tema directamente”, mientras que Alex Flores afirmó que no inscribió a ningún familiar porque “sería abusar del privilegio”.
La Defensoría Nacional Anticorrupción calificó el gasto como una “cachetada para millones de peruanos” y pidió que se revise la pertinencia de este tipo de beneficios en el marco de una reforma institucional que garantice mayor transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos.
