Una cruda realidad golpea a los más de 12 mil habitantes del distrito de San Miguel de Cauri, en la provincia de Lauricocha.
Niños, jóvenes, adultos y ancianos —especialmente en las instituciones educativas Filother Mendoza y 32282 San Miguel— se ven obligados a consumir agua sin tratar, exponiéndose diariamente a graves riesgos para su salud.
El agua que llega a sus hogares y escuelas no es apta para el consumo humano. Contiene parásitos que provocan enfermedades estomacales recurrentes, afectando de manera directa a la población más vulnerable.
Ante esta situación, los docentes de la Institución Educativa de Cauri han alzado su voz de alerta, exigiendo atención urgente del Gobierno central. Señalan que tanto estudiantes como maestros son los más perjudicados por esta crisis sanitaria.
El alcalde distrital, Augusto Tacuche Mariño, ha dirigido un llamado formal al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, solicitando la asignación inmediata de recursos para viabilizar el proyecto de agua potable y alcantarillado. La actual infraestructura, construida hace más de 30 años, ha colapsado, dejando a toda la comunidad en el abandono.
Esta situación no solo representa una emergencia sanitaria, sino también una deuda histórica con Cauri. Sus habitantes no piden privilegios, exigen un derecho básico: acceder a agua potable para vivir con dignidad y preservar su salud.
