La Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento oficial en el que advierte que el Ministerio Público enfrenta un déficit presupuestal de al menos S/81 millones para el año fiscal 2025, lo que pone en riesgo el desarrollo de investigaciones, operativos y acciones clave en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos graves.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, señaló que esta reducción afecta directamente a todos los subsistemas fiscales y áreas de apoyo. Entre las labores comprometidas figuran los peritajes técnicos, desplazamientos para combatir la minería ilegal, operativos contra el narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, delitos ambientales, violencia de género y fraudes cibernéticos.
Espinoza también recordó que, pese a las promesas del Poder Ejecutivo de asignar mayores recursos, estas no se han concretado. En 2023, el Ministerio Público logró una ejecución presupuestal del 97.5 %, y en lo que va de 2025, alcanza cerca del 60 %, lo que demuestra eficiencia en el uso de los fondos asignados.
Además del déficit actual, la Junta de Fiscales Supremos alertó que para el 2026 se proyecta un recorte adicional cercano a los S/145 millones, lo que agravaría aún más la situación financiera de la institución. En ese contexto, se reiteró la necesidad de garantizar la homologación salarial de fiscales de todos los niveles y de la escala remunerativa de los trabajadores del Ministerio Público, demandas que aún no han sido atendidas.
“La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”, subrayó Espinoza, quien hizo un llamado al Estado para que se asignen los recursos necesarios que permitan enfrentar la criminalidad y garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales del Ministerio Público.
