El congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a quien acusa de haber incurrido en el delito de prevaricato por no aplicar la Ley 32107, norma que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
La controversia se originó en el marco del proceso contra el coronel en retiro Arturo Castro Arias, investigado por el presunto homicidio calificado de siete personas en Ayacucho en 1984. En este caso, el magistrado Carhuancho decidió aplicar el control difuso y declarar inaplicable la Ley 32107, argumentando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben según el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de estos delitos.
Rospigliosi sostiene que el juez actuó fuera de sus atribuciones, ya que el control difuso solo puede aplicarse en sentencias, no en resoluciones emitidas durante la etapa de investigación preparatoria. Por ello, ha solicitado la destitución del magistrado, calificándolo como “prevaricador” y acusándolo de “burlarse del sistema republicano de división de poderes”.
Diversos especialistas han advertido que la denuncia podría constituir una interferencia en la administración de justicia. El exministro de Justicia, José Tello, señaló que la independencia judicial permite a los jueces aplicar normas constitucionales por encima de leyes ordinarias, y que la JNJ no puede sancionar a un magistrado por su criterio jurisdiccional sin un proceso penal previo.
